El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, se declaró inocente este lunes durante la audiencia de imputación de cargos adelantada por la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En la diligencia judicial, que se desarrolló ante un juez de control de garantías de Bogotá, Roa no aceptó el cargo imputado por el ente acusador, que lo señala de haber permitido presuntas irregularidades en el manejo financiero de la campaña “Petro Presidente”.
La Fiscalía sostiene que, durante la primera y segunda vuelta presidencial, la campaña habría excedido los límites de gasto autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el fiscal del caso, Elkin Ardila Espinoza, los montos presuntamente no reportados superarían los 1.388 millones de pesos en primera vuelta y cerca de 276 millones en segunda vuelta.
Durante la audiencia, el ente investigador insistió en que Roa, como gerente de campaña, tenía bajo su responsabilidad la administración financiera, la autorización de gastos y la rendición de cuentas ante las autoridades electorales.
Más allá de un cargo nominal
El ente acusador argumentó que su rol iba más allá de un cargo nominal y que tenía control directo sobre las operaciones financieras de la campaña presidencial.
La defensa rechazó los señalamientos y aseguró que no existió intención de violar la ley electoral. Tras escuchar la imputación, Roa respondió ante el juez que no aceptaba el delito atribuido por la Fiscalía.
En medio de la diligencia también fue mencionado el nombre de Laura Sarabia, quien hizo parte del equipo logístico de la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, hasta el momento no enfrenta cargos dentro de este proceso judicial.
El caso contra Roa se convierte en uno de los procesos judiciales más sensibles para el Gobierno nacional, debido a que está relacionado con la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.
La investigación penal avanza de manera paralela al proceso administrativo que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre la presunta violación de topes de financiación.
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