La Sociedad Portuaria El Cayao, SPEC LNG, ha anunciado que acudirá a instancias legales para defender su posición frente a la reciente sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La controversia gira en torno a la veracidad y clasificación de la información financiera reportada por la regasificadora en el año 2022.
La Superservicios, mediante la Resolución No. 20262400406145 del 14 de mayo de 2026, impuso una multa de $427.050.000 a SPEC LNG.
Según el ente de control, la empresa incurrió en un incumplimiento regulatorio al presentar reportes financieros al Sistema Único de Información (SUI) que carecían de “veracidad, calidad y confiabilidad”.
El punto neurálgico de la investigación es la clasificación de $2.601 millones de pesos derivados de la “disponibilidad de la terminal”. Mientras que SPEC LNG catalogó estos recursos como una actividad “no vigilada”, la Superintendencia determinó, tras un análisis técnico, que dichos ingresos están intrínsecamente ligados a la operación de regasificación y, por ende, debieron reportarse como una actividad bajo su vigilancia.
Para la autoridad, la disponibilidad no es un servicio independiente, sino la garantía de la capacidad operativa para el servicio público.
Diferencia de criterio
Ante el pronunciamiento de la autoridad, la terminal de regasificación de Cartagena emitió un comunicado oficial asegurando que ha aplicado de manera estricta la regulación vigente de la CREG y la SSPD.
La compañía sostiene que su información financiera fue presentada de forma oportuna, completa y fidedigna.
Para SPEC LNG, el conflicto no radica en una falta de transparencia, sino en una “diferencia de criterio técnico-regulatorio” sobre cómo deben clasificarse ciertos ingresos que, a su juicio, corresponden a actividades no reguladas.
En consecuencia, la empresa manifestó que, con rigor técnico y jurídico, agotará las instancias administrativas y judiciales correspondientes para la defensa de sus derechos.
Impacto en el sector
Este caso pone de relieve la importancia que la Superservicios otorga a la precisión del SUI, plataforma que considera fundamental para los análisis regulatorios y la transparencia del mercado energético.
La entidad reiteró que cualquier falta de veracidad en estos datos compromete su capacidad de inspección y vigilancia.
Por ahora, el proceso pasa de la esfera administrativa a la judicial, donde se definirá si prevalece la interpretación de la regasificadora o la rigurosidad técnica del ente de control.
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