En medio de la creciente controversia por las denuncias contra el presidente Gustavo Petro sobre una presunta intervención en la contienda electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó las acusaciones como parte de una serie de “mitos y leyendas” que rodean la normativa colombiana.
Según el jefe de la cartera política, los pronunciamientos del mandatario no constituyen una falta, sino que deben entenderse como un “análisis político”.
En declaraciones a Caracol Radio, el ministro Benedetti fue enfático al definir qué acciones representarían, bajo su criterio y la ley, una verdadera participación indebida.
Señaló que la infracción ocurre cuando un funcionario utiliza su poder jerárquico para presionar a sus subordinados, obligándolos a trabajar, votar o realizar propaganda electoral a favor de un candidato de su preferencia.
El ministro detalló que la participación ilegal en política se materializa a través del uso de recursos económicos del Estado para movilizar apoyos regionales, como en el caso de alcaldes, o mediante el acoso y la coacción laboral, como amenazar con despedir a funcionarios que no simpaticen con una aspiración presidencial específica.
Ley hipócrita y obsoleta
El ministro Armando Benedetti aclaró que el simple hecho de que un funcionario revele su intención de voto suele ser malinterpretado por la ciudadanía como una falta legal, cuando la realidad técnica es distinta.
Asimismo, el alto funcionario lanzó una dura crítica al marco legal vigente en el país, calificándolo de “ley hipócrita” y “obsoleta”. Argumentó que, a diferencia de Colombia, en otras partes del mundo es común que los jefes de Estado actúen como jefes de campaña de sus sucesores o defiendan abiertamente su línea política.
En este sentido, también puso en duda la eficacia de instrumentos como la Ley de Garantías, sugiriendo que la normativa actual no se ajusta a las dinámicas políticas modernas.
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