En un fuerte pronunciamiento desde la sede de la ONU, el presidente Gustavo Petro rechazó tajantemente la decisión de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, de suspenderlo de su cargo por presunta participación en política.
El mandatario no solo calificó la medida como un atropello legal, sino que lanzó una grave acusación contra la congresista, señalando que su Gobierno está siendo víctima de una presunta extorsión.
El jefe de Estado aseguró que las acciones de Arizabaleta responden a que él no ha cedido ante peticiones específicas de la congresista.
Petro anunció que solicitará a sus ministros y ministras declarar bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia sobre las solicitudes que habrían recibido por parte de la representante.
“Estamos bajo una extorsión”, enfatizó el mandatario, sugiriendo que la medida disciplinaria es una represalia por no aceptar dichas pretensiones.
No tiene competencia
Gustavo Petro también argumentó que la Comisión de Acusación carece de la facultad para suspender a un presidente, una función que, según su interpretación, recae exclusivamente en el Senado de la República.
Asimismo, defendió sus declaraciones públicas alegando que no constituyen una intervención política indebida, sino la defensa de derechos constitucionales.
La pelota pasa al Senado
En un movimiento que ha generado desconcierto jurídico, la representante Arizabaleta modificó el alcance de su providencia inicial.
Aunque inicialmente emitió la orden de suspensión hasta el 21 de junio —fecha de la segunda vuelta presidencial—, posteriormente determinó remitir la decisión para “consulta” ante la sala plena de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
Más relevante aún es que la congresista trasladó la responsabilidad de la ejecución al presidente del Senado, Lidio García, instándolo a que decrete y ejecute la suspensión conforme al artículo 194 de la Constitución.
Arizabaleta justificó este cambio como una medida para “garantizar el debido proceso”.
Choque de poderes
La respuesta del presidente del Congreso no se hizo esperar. Lidio García calificó la decisión de Arizabaleta como “abiertamente ilegal e inconstitucional”.
García sostuvo que la Comisión de Acusación solo tiene competencia para investigar y presentar proyectos de acusación, pero que cualquier suspensión solo puede emanar de un juicio político ante la plenaria del Senado.
Mientras algunos sectores advierten que la suspensión es viable bajo las normas del Código Disciplinario, la defensa del presidente y la mesa directiva del Senado coinciden en que se está violando el marco constitucional vigente.
El conflicto jurídico ahora se traslada a las instancias superiores, mientras el Ejecutivo se prepara para judicializar las denuncias de extorsión contra la representante Arizabaleta.
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