Bogotá. El presidente Abelardo de la Espriella firmó este miércoles 19 de agosto el decreto que declara la emergencia económica y social en Colombia como respuesta a las graves consecuencias provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
La decisión fue anunciada por el mandatario después del Consejo de Ministros y tiene como principal objetivo acelerar la atención de las víctimas, disponer de recursos para la emergencia y poner en marcha la reconstrucción de las regiones más afectadas por el movimiento telúrico.
“Firmaremos, junto a todos los ministros, el decreto madre de la emergencia económica”, había anunciado De la Espriella durante la jornada.
La declaratoria le permitirá al Gobierno adoptar medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la tragedia. Entre las herramientas que contempla este mecanismo se encuentra la expedición de decretos con fuerza de ley y la adopción de medidas tributarias y presupuestales destinadas a financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción.
Gobierno busca acelerar la reconstrucción
El terremoto dejó una afectación de grandes proporciones en diferentes departamentos del occidente del país, con especial impacto en ciudades como Cali y Pereira, además de municipios de Chocó y otras zonas.
El propio Gobierno ha estimado preliminarmente las pérdidas materiales en $30 billones, cifra que comprende daños en viviendas, edificaciones e infraestructura.
La emergencia económica busca precisamente facilitar la movilización de recursos para responder a las necesidades inmediatas de los damnificados y, posteriormente, desarrollar un ambicioso plan de reconstrucción.
De la Espriella ha señalado que su administración pretende garantizar que los recursos destinados a la emergencia lleguen efectivamente a las comunidades afectadas y ha advertido que habrá controles sobre el manejo del dinero público.
La declaratoria se produce nueve días después del terremoto y en medio de la presión por acelerar la respuesta estatal ante la magnitud de los daños y el elevado número de víctimas.
¿Qué implica la emergencia económica?
La figura constitucional de emergencia económica y social permite al Ejecutivo adoptar medidas excepcionales cuando circunstancias extraordinarias amenazan gravemente el orden económico, social o ecológico del país.
En este caso, el Gobierno busca utilizar esas facultades para atender las consecuencias del terremoto y avanzar en la recuperación de las zonas devastadas.
El decreto, además, deberá ser sometido al control correspondiente de la Corte Constitucional, que revisará si se cumplen los requisitos establecidos por la Constitución para mantener la declaratoria.
Con la firma del decreto comienza una nueva etapa de la respuesta institucional al terremoto: después de la atención inmediata de la emergencia, el desafío para el Gobierno será ejecutar los recursos y poner en marcha la reconstrucción de las viviendas, infraestructura, establecimientos educativos y demás sectores afectados.
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