Un nuevo atentado contra funcionarios del sistema penitenciario encendió las alarmas en Barranquilla. Dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, resultaron heridos a bala la noche del sábado 10 de octubre, cuando regresaban a sus hogares después de cumplir su turno de servicio en la Penitenciaría El Bosque.
Las víctimas fueron identificadas como Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, dragoneantes provisionales adscritos al establecimiento carcelario. El ataque se registró en el barrio San Martín y fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los funcionarios también se desplazaban en una moto cuando fueron interceptados por los agresores. En ese momento, el parrillero del vehículo sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra ellos.
Tras el atentado, los dos trabajadores del Inpec fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde recibieron atención médica. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del ataque y determinar si estuvo relacionado con amenazas previas contra el personal penitenciario.
Gobierno rechaza el atentado y refuerza la seguridad
El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Inpec condenaron el ataque y expresaron su solidaridad con los funcionarios heridos, sus familiares y sus compañeros de trabajo.
En un pronunciamiento divulgado tras los hechos, las entidades manifestaron su rechazo a las agresiones contra quienes trabajan en el sistema de custodia y vigilancia penitenciaria. “Rechazamos categóricamente toda forma de violencia y amenaza contra la institucionalidad y quienes trabajan por la justicia y la seguridad del país”, señalaron.
El Gobierno informó que se reforzaron las medidas preventivas y de autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades competentes, con el propósito de proteger la vida y la integridad de los trabajadores del sector.
Además, pidió avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y establecer si existe alguna conexión con las intimidaciones que se han conocido en los últimos días contra funcionarios del sistema carcelario.
Amenazas contra el presidente y directivos del Inpec
El ataque contra los dos dragoneantes ocurrió en medio de un escenario de preocupación por mensajes intimidatorios que, según las autoridades, estarían relacionados con recientes traslados de personas privadas de la libertad y posibles acciones violentas contra funcionarios y representantes del Estado.
Entre las personas mencionadas en esas amenazas figuran el presidente de la República, Abelardo De la Espriella; el ministro de Justicia, Iván Cancino González; y el director general del Inpec, Daniel Gutiérrez, además de otros integrantes del sistema penitenciario.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que la autenticidad, la procedencia y el alcance de esos mensajes continúan bajo verificación. Por ahora, tampoco se ha confirmado que las intimidaciones tengan una relación directa con el atentado contra los dos dragoneantes en Barranquilla.
Las autoridades deberán determinar si los agresores actuaron por motivos relacionados con las funciones de las víctimas o si el ataque obedece a otras circunstancias.
Otro ataque reciente contra una cárcel de Barranquilla
El atentado contra los funcionarios se produjo cinco días después de que hombres en motocicleta dispararan contra la fachada de la cárcel Modelo, ubicada en la Vía 40.
Según la información conocida sobre ese caso, dos sujetos llegaron al lugar y uno de ellos disparó en tres ocasiones contra el establecimiento penitenciario. La primera hipótesis de los investigadores apuntó a una posible relación con amenazas de muerte contra el director de la cárcel, aunque las circunstancias debían ser esclarecidas.
Estos hechos se suman a otros episodios violentos registrados contra establecimientos carcelarios de la ciudad y sus trabajadores, lo que mantiene la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad del personal penitenciario.
El Ministerio de Justicia y el Inpec insistieron en que las amenazas no modificarán las decisiones institucionales relacionadas con los traslados, la vigilancia y el control de las personas privadas de la libertad. Las investigaciones continúan para establecer quiénes están detrás del atentado en San Martín y si existe un vínculo con las intimidaciones reportadas.
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