El decreto que modifica las reglas para atender las manifestaciones sociales en Colombia comenzará a aplicarse este miércoles 14 de octubre, coincidiendo con las movilizaciones convocadas por sectores de oposición, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Se trata del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, firmado por el mandatario y que modifica y adiciona disposiciones al Decreto 003 de 2021, relacionado con el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que la nueva reglamentación entraría en vigor durante esta jornada nacional de movilizaciones. El funcionario aseguró que el Gobierno está preparado para atender las concentraciones y advirtió que, aunque se garantizará el derecho a la protesta, no se permitirán bloqueos que afecten la movilidad y los servicios esenciales.
¿Cuáles son los principales cambios del decreto?
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la definición de las circunstancias en las que la Policía podrá intervenir frente a hechos violentos durante una manifestación. El documento contempla situaciones como el porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos y artefactos incendiarios, así como la retención de personas contra su voluntad, las agresiones contra terceros y la destrucción de infraestructura pública o privada.
En estos escenarios, las autoridades podrán actuar de manera inmediata y focalizada contra quienes sean responsables de las conductas violentas, sin que el diálogo tenga que convertirse en un requisito previo que retrase la intervención.
La norma también establece que las actuaciones policiales deben individualizar a quienes cometan agresiones o actos de vandalismo, sin extender automáticamente las medidas de fuerza al conjunto de manifestantes. De esta manera, se mantienen las garantías para las personas que participen pacíficamente en una misma concentración.
Otro de los puntos relevantes es el acompañamiento de la Policía a las movilizaciones. Según el documento divulgado por El Espectador, el dispositivo policial deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes, con el propósito de proteger tanto a los participantes como a las personas ajenas a la protesta.
Bloqueos de vías y protección de servicios esenciales
El decreto establece reglas para responder a las obstrucciones de vías y a las ocupaciones prolongadas que afecten el funcionamiento de instalaciones industriales, comerciales o de servicios.
Sin embargo, la normativa precisa que un bloqueo, por sí solo, no transforma automáticamente una manifestación pacífica en violenta ni justifica su disolución inmediata. Para adoptar una medida de ese tipo, las autoridades deberán evaluar si la afectación es grave y sostenida, si existen rutas alternas y si hay otras opciones menos restrictivas para garantizar los derechos de reunión y manifestación.
También se ordena habilitar corredores solidarios que permitan el paso de ambulancias, personal médico, bomberos y organismos de socorro, además del transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos.
La regulación incluye la protección del acceso a hospitales, aeropuertos, acueductos, redes eléctricas, terminales de combustible y otras infraestructuras consideradas esenciales.
Diálogo, alertas tempranas y controles a la Fuerza Pública
El nuevo protocolo contempla diferentes niveles de actuación institucional: gestión preventiva, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. El paso de un nivel a otro deberá justificarse y quedar documentado, aunque el decreto contempla excepciones para determinadas situaciones de violencia en las que sea necesario intervenir sin agotar todas las etapas previas.
Asimismo, se establece un sistema de alertas tempranas para identificar escenarios de conflictividad social y promover mesas de diálogo con las autoridades territoriales. Los Puestos de Mando Unificados (PMU) tendrán un papel central en la coordinación de las entidades responsables de atender las manifestaciones y registrar las decisiones adoptadas.
La norma también refuerza los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre las actuaciones de las autoridades, particularmente cuando se presenten afectaciones a la vida o a la integridad de las personas.
Una primera prueba en medio de las movilizaciones nacionales
La entrada en vigor del decreto coincide con la primera gran jornada de protesta contra la administración de De la Espriella. Las convocatorias cuentan con la participación de sectores políticos de oposición y organizaciones sindicales, entre ellas el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Las movilizaciones pondrán a prueba la aplicación de las nuevas disposiciones en distintas ciudades del país, en una jornada en la que el Gobierno busca evitar alteraciones graves del orden público sin desconocer el derecho a la manifestación.
La discusión gira en torno a cómo equilibrar la protección de la protesta pacífica con la necesidad de preservar la movilidad, la infraestructura y los derechos de quienes no participan en las concentraciones. Mientras el Ejecutivo sostiene que la regulación busca diferenciar las expresiones legítimas de protesta de las conductas violentas, las nuevas facultades de intervención policial y sus límites serán aspectos centrales del debate público.
Así, el 14 de octubre marcará el primer escenario de aplicación del Decreto 1525 de 2026, cuya implementación será observada tanto por las autoridades como por las organizaciones convocantes y los sectores que han expresado preocupación por sus posibles efectos sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos.
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