El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá el decreto de líneas de base para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La medida tiene como objetivo fijar con coordenadas oficiales los límites desde los cuales se miden los espacios marítimos del país y saldar una mora legal ordenada por la Ley 10 de 1978.
El anuncio oficial se produjo al cierre de la visita de trabajo del mandatario a la isla, escenario que estuvo marcado por un tenso enfrentamiento verbal con la gobernadora local, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Elizabeth Jay-Pang.
En alocución presidencial transmitida desde un buque de la Armada Nacional en aguas colombianas, el jefe de Estado precisó que la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 dispuso trazar las líneas de base del territorio nacional. Si bien las correspondientes a la zona continental se establecieron en 1984, el trazado de las líneas insulares permaneció pendiente por más de cuatro décadas.
El nuevo decreto —cuya fecha de firma coincide con el aniversario de San Andrés— incorporará las referencias geográficas definitivas en las cartas náuticas oficiales de Colombia para cartografiar con exactitud el territorio arrecifal conforme al derecho interno e internacional. Entre sus alcances directos figuran:
Reafirmación de la soberanía marítima: Se prohíben de forma explícita las actividades de pesca, exploración e investigación científica que no cuenten con la debida autorización de las autoridades colombianas en los espacios delimitados.
Protección naval: La Armada Nacional reforzará las operaciones de vigilancia y defensa de los derechos del país, así como la protección de los pescadores artesanales frente a actos de piratería.
Centro logístico y marítimo del Caribe: El decreto articula una estrategia de desarrollo para San Andrés que incluye la reglamentación del registro único colombiano de naves y un trámite electrónico especial para embarcaciones de recreo, con el fin de potenciar el empleo, el fortalecimiento portuario y la comercialización de productos pesqueros.
El anuncio reabre la discusión sobre las implicaciones geopolíticas frente a Nicaragua tras los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Sobre el particular, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respaldó la expedición de la norma y señaló que el país debió fijar estas líneas de base décadas atrás, cuestionando la histórica estrategia jurídica basada primordialmente en el meridiano 82.
El tenso contexto político: enfrentamiento en San Andrés
La formalización de este anuncio se dio tras el cumplimiento de la agenda institucional de De la Espriella en el archipiélago, durante la cual se registró un fuerte cruce de palabras entre el Presidente y las principales autoridades políticas de la región.
En medio de una intervención pública difundida en video, el presidente encaró directamente a la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, y a la representante liberal Elizabeth Jay-Pang. De la Espriella les recriminó presuntas irregularidades en la contratación departamental —haciendo alusión a la entidad ambiental Coralina— y la oposición de sectores locales a la intervención del hospital regional.
“Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla… voy a utilizar toda mi autoridad para que no se pierda un peso”, advirtió el mandatario.
A pesar de los intentos de la congresista y la gobernadora por controvertir sus afirmaciones, el Presidente ratificó que mantendrá una estricta fiscalización sobre la ejecución de las transferencias del Sistema General de Participaciones y los convenios del Gobierno Central en el departamento insular.
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