En el marco de la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, desarrollada este jueves en Barranquilla, el gerente general de Afinia, Ricardo Arango Restrepo, advirtió sobre la viabilidad operativa de la comercializadora de energía que atiende al 13% del mercado nacional en 134 municipios del Caribe.
Según reveló el directivo, la empresa enfrenta un déficit estructural de caja que ronda $1 billón de pesos anuales y requiere una inyección de $800.000 millones de pesos para operar de aquí al 31 de diciembre, un monto que su matriz, el Grupo EPM, ya no se encuentra en capacidad de aportar.
“Nosotros necesitamos 800.000 millones de pesos para llegar al 31 de diciembre y el grupo EPM no puede ponerlos”, aseveró Arango Restrepo, remarcando la gravedad de la coyuntura. El ejecutivo alertó además sobre las implicaciones sistémicas que tendría la parálisis de la filial: “Si Afinia se va al fondo de pagos, como ya le sucedió a Air-e, el sector eléctrico colombiano se va al traste completo”.
Las cinco razones del déficit
Durante su intervención, Arango expuso las causas complejas que han llevado a la compañía a un escenario de insostenibilidad financiera. En primer lugar, mencionó la perpetuación de la subnormalidad eléctrica. “Más de 170.000 familias habitan en zonas subnormales del Caribe con un nivel de recaudo de apenas el 5%, lo que abre un hueco anual en caja de entre $390.000 millones y $400.000 millones”, afirmó.
Un segundo factor es la alta cartera e impago en sectores vulnerables. De acuerdo con el gerente general de Afinia, entre el 40% y el 50% de los usuarios de estrato 1 no pagan su factura, un fenómeno que alcanza entre el 20% y el 40% en estrato 2, a lo que se suman graves pérdidas no técnicas y cultura de hurto de energía.
A esto se le suman las deudas de entidades oficiales, que suman $420.000 millones al corte de agosto, de los cuales el 90% corresponde a protegidos constitucionales y más de $180.000 millones a acueductos municipales.
También aportan a la crisis los sobrecostos desmedidos en la compra de energía. Arango aseguró que la coyuntura del Fenómeno del Niño generó sobrecostos por $1 billón desde mayo, obligando a giros mensuales entre $400.000 millones y $500.000 millones para adquisición de energía en bolsa.
Y finalmente, otra razón es el déficit de capital para inversiones (CAPEX). En ese sentido manifestó que la red eléctrica de la región demanda entre $800.000 millones y $1 billón anuales en infraestructura, pero Afinia apenas alcanza a ejecutar $400.000 millones gracias a respaldos pasados de EPM.
El flujo deficitario actual le impide ser objeto de crédito bancario tradicional: “Ni Afinia ni Air-e son banqueables, no somos sujetos de crédito porque nuestro flujo de caja es completamente deficitario”.
Las cinco salidas urgentes a la crisis
Para evitar la quiebra y lograr liquidez en una ventana de una a dos semanas, Arango planteó un paquete de cinco soluciones dirigidas al Ministerio de Minas y Energía, la CREG y los generadores:
Saneamiento de la deuda pública: Acordar mecanismos inmediatos de pago y desembolso por los $420.000 millones adeudados por alcaldías, gobernaciones y acueductos.
Eliminación de la autorretención tributaria: Eximir a la compañía de pagar cerca de $30.000 millones mensuales por autorretención en la fuente, una carga que asfixia la caja de una empresa en déficit que debe esperar un año para solicitar la devolución.
Titularización de pasivos: Convertir parte de los $6,3 billones de deuda acumulada en un título valor descontable en el sistema financiero.
Flexibilización de garantías en el mercado mayorista: Otorgar mayores plazos de pago y aceptar garantías diferenciales ante los generadores para frenar el estrés de caja.
Régimen regulatorio especial y capital privado: Habilitar deducciones impositivas para capitalizaciones, obras por impuestos, créditos blandos multilaterales con respaldo de la Nación y la creación de un régimen tarifario que reconozca los costos de comercialización y realidades socioeconómicas del Caribe.
“La generación de caja no da para sostener la empresa. Hay insostenibilidad de la empresa en este momento. De manera que las decisiones deben ser inmediatas”, concluyó Arango Restrepo, al enfatizar que la región requiere un tratamiento regulatorio diferenciado frente al resto del país.
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