Una compleja situación financiera enfrenta la empresa distribuidora y comercializadora de energía Air-e Intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del sector privado mantienen una cartera pendiente que supera los $16.787 millones por concepto de consumo de energía eléctrica.
Esta abultada deuda genera una fuerte preocupación institucional, dado el impacto directo que ejerce sobre la estabilidad financiera de la prestadora de servicios públicos y sobre su capacidad operativa para atender la demanda energética en el norte del país.
A pesar de la magnitud de los saldos vencidos, la compañía ha adelantado múltiples gestiones destinadas a facilitar la regularización de las obligaciones.
Air-e Intervenida ha promovido reuniones directas, acercamientos institucionales, el otorgamiento de plazos extensos y la presentación de diversas alternativas de pago adaptadas a la estructura de ingresos de las entidades hospitalarias.
Sin embargo, a pesar de estas opciones flexibilizadas y de los espacios de concertación, diversas clínicas e IPS privadas continúan sin cumplir de forma oportuna con el pago por el servicio de energía consumido en sus instalaciones, lo que ha llevado a que la cartera morosa se siga expandiendo de manera continua.
La deuda en los departamentos
De acuerdo con el consolidado de cartera, La Guajira registra las mayores obligaciones, con aproximadamente $6.590 millones. Le sigue Magdalena, con $6.000 millones y en Atlántico la deuda supera los $4.195 millones.
Entre los casos de mayor cuantía se encuentran Clinivida en Riohacha con una deuda del orden de los $5.000 millones; Clínica San Ignacio, en Barranquilla, con una deuda de $1.609 millones; el Centro Médico Adelita de Char, en Soledad, con más de $1.379 millones y la Clínica Médico Quirúrgica San Pedro Claver en Malambo con una obligación pendiente por energía de 188 millones de pesos.
Sigue la Clínica El Prado en Santa Marta, cuyas cuentas registran obligaciones que superan los $3.736 millones.
También figuran instituciones como Quirutraumas del Caribe, en Fundación, con más de $1.167 millones, y diferentes prestadores de servicios de salud en Riohacha, Maicao, Ciénaga y otros municipios de la región.
Asimismo, el informe de la comercializadora señala que existen múltiples prestadores de servicios de salud con obligaciones pendientes ubicados en municipios como Riohacha, Maicao, Ciénaga y otras localidades de la región Caribe.
El desafío constitucional y la presión sobre el flujo de caja
La situación plantea un dilema operativo de gran envergadura para Air-e Intervenida. Al tratarse de instituciones que prestan servicios de salud —clasificados como servicios esenciales y cobijados por especial protección constitucional—, la empresa está obligada por ley a garantizar la continuidad del flujo eléctrico, de modo que la atención asistencial a los pacientes no se vea interrumpida.
Esta salvaguarda constitucional implica que las clínicas privadas continúan consumiendo fluido eléctrico de manera ininterrumpida para el desarrollo de sus actividades médicas, mientras sus obligaciones económicas acumuladas siguen presionando el flujo de caja de Air-e Intervenida.
De esta forma, la compañía asume el costo operativo y la compra de energía en el mercado sin recibir la contraprestación financiera correspondiente.
Llamado a la corresponsabilidad
Ante este escenario, Air-e Intervenida reiteró su plena disposición al diálogo y a la construcción de mecanismos que permitan a los centros hospitalarios ponerse al día, asegurando al mismo tiempo que la atención médica a los usuarios no resulte afectada.
No obstante, la comercializadora hizo un enfático llamado a la corresponsabilidad financiera de los prestadores privados de salud. La empresa advirtió que la protección constitucional que ampara la continuidad del servicio eléctrico en centros asistenciales no puede interpretarse ni convertirse en una justificación para mantener indefinidamente obligaciones morosas sin pago.
Finalmente, Air-e subrayó que el pago oportuno por el consumo de energía resulta indispensable para preservar la sostenibilidad de toda la cadena del servicio público en el Caribe colombiano.
Para mantener en funcionamiento la infraestructura eléctrica que abastece a millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la compañía requiere contar con los recursos económicos que le permitan comprar y pagar la energía en el mercado mayorista, por lo que instó a las clínicas a asumir compromisos efectivos y urgentes de pago.

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