Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.

Fenalcarbón propone al Gobierno senda de 20 años para impuesto al carbono y advierte severo impacto industrial

En el marco de sus observaciones al proyecto de Ley de Rescate Económico, Fenalcarbón planteó fijar un plazo de al menos 20 años para la aplicación progresiva del impuesto al carbono.

De acuerdo con el gremio, esta senda gradual busca proteger la competitividad de la industria, fortalecer la seguridad energética nacional y facilitar la modernización tecnológica de los sectores productivos.

La propuesta plantea una política tributaria que equilibre gradualidad, competitividad y sostenibilidad mediante mecanismos de protección para la generación térmica y las industrias intensivas en energía, junto con incentivos para adoptar tecnologías eficientes y reducir emisiones.

Adicionalmente, el gremio criticó que la iniciativa gubernamental reduce del 50% al 25% la opción de compensar el impuesto, lo que desestimula la inversión ambiental real.

Fenalcarbón encendió las alarmas sobre el impacto directo de las tarifas contempladas en la propuesta de ley. Con base en la UVT de 2026, el gremio calcula que el tributo se elevaría a aproximadamente $119.000 por tonelada de carbón en 2027 y superaría los $212.000 por tonelada en 2029.

Esta carga tributaria llegaría a representar cerca del 70% del precio del carbón en boca de mina, lo que generaría una presión desmedida en los costos de la generación eléctrica y de industrias fundamentales como la siderúrgica, cementera y coquizadora.

Esta situación resulta crítica ante la menor disponibilidad de gas natural nacional, la necesidad de aumentar las importaciones y la alta volatilidad de los mercados energéticos globales, contexto en el cual preservar el parque de generación térmico resulta vital para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Estructura energética sólida

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, destacó la importancia de sostener una estructura energética sólida para el desarrollo del país.

“Colombia necesita una política energética que garantice abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad. El país debe aprovechar inteligentemente sus recursos energéticos, fortalecer su capacidad de generación y asegurar condiciones que permitan a la industria competir y crecer. La seguridad energética no puede convertirse en un costo adicional para la economía, sino en una ventaja para el desarrollo nacional”, aseguró Cante.

Asimismo, enfatizó que la propuesta gremial busca hacer viables la descarbonización y el desarrollo productivo de manera simultánea.

Expresó: “Más que frenar los objetivos ambientales, proponemos construir una ruta que permita avanzar en la reducción de emisiones sin comprometer la seguridad energética ni el crecimiento económico. Colombia tiene la oportunidad de hacer compatibles la sostenibilidad, la soberanía energética y la competitividad”.