La seguridad del expresidente Gustavo Petro y de varios dirigentes del Pacto Histórico quedó en el centro de una nueva controversia política con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La colectividad denunció una presunta reducción y retiro de esquemas de protección de integrantes del movimiento, mientras que el exmandatario aseguró que le quitaron vehículos blindados que estaban destinados a su seguridad y a la de su familia.
La denuncia de Petro se conoció el sábado 21 de noviembre, luego de que el portavoz del Gobierno, Miller Soto, explicara las razones por las cuales Lucía de la Espriella, hija del presidente, fue trasladada en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena, el pasado 14 de noviembre.
El funcionario sostuvo que el desplazamiento respondió a motivos de seguridad y recordó que la normativa contempla medidas de protección para el presidente y su núcleo familiar.
Ante esas explicaciones, el expresidente Petro cuestionó que se destinen recursos y capacidades de la Fuerza Pública para proteger a familiares del actual mandatario mientras, según su denuncia, se debilitan las medidas que le corresponden como expresidente.
“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la Policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí”, manifestó el exmandatario.
La afirmación abrió un nuevo frente de confrontación entre el antiguo jefe de Estado y la administración de De la Espriella, esta vez alrededor de las garantías de seguridad para quienes ejercen oposición política.
Pacto Histórico pide intervención internacional
La preocupación también fue expresada por el Pacto Histórico a través de un comunicado público, en el que rechazó el presunto retiro de esquemas de protección de dirigentes y militantes de esa organización.
El movimiento advirtió que algunos de sus integrantes tienen antecedentes de amenazas reiteradas y atentados, por lo que consideró preocupante cualquier decisión que implique disminuir sus medidas de seguridad.
En su pronunciamiento, la colectividad pidió a la comunidad internacional que se pronuncie frente a la situación y lanzó una advertencia sobre los riesgos de que se repitan episodios de violencia contra sectores políticos en Colombia.
“¡Que no nos devuelvan a la época del exterminio político!”, expresó el partido en uno de sus mensajes, en el que también sostuvo que retirar las medidas de protección al expresidente, su familia y dirigentes de la colectividad pone vidas en riesgo.
La excongresista María José Pizarro se sumó a las denuncias y aseguró que varios integrantes del movimiento estarían perdiendo sus esquemas, pese a contar con antecedentes graves de amenazas y atentados.
La dirigente señaló que el Gobierno tiene responsabilidades legales frente a la protección de las organizaciones políticas declaradas en oposición y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, citó el artículo 30 de la Ley 1909 de 2018, correspondiente al Estatuto de la Oposición, que contempla programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas que se encuentren en esa condición.
Se conoció que el pasado 21 de septiembre la UNP retiró los esquemas de seguridad de varios integrantes del denominado Gabinete por la Vida, grupo de exministros que acompaña al expresidente en el ejercicio de control político al nuevo Gobierno.
Entre los exfuncionarios mencionados están Armando Benedetti, Guillermo Jaramillo, Yesenia Olarte, Antonio Sanguino, Germán Ávila y Rosa Villavicencio, quienes ocuparon diferentes carteras durante la administración Petro.
La publicación también señaló que otras personas cercanas al movimiento, entre ellas el influenciador Beto Coral, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, perdieron sus medidas de protección.

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