El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, solicitó formalmente que se mantenga el incremento del 23,7 % al salario mínimo para el año 2026, a pesar de la reciente suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado.
Para el líder gremial, aunque el aumento del salario mínimo representa desafíos operativos, revertirlo en este momento generaría una inestabilidad inaceptable para la fuerza laboral colombiana. “Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, aseguró Mac Master.
El pronunciamiento de la Andi destaca una postura de responsabilidad social frente a la realidad de las familias. Mac Master subrayó que es imperativo dar “tranquilidad y certeza” a los trabajadores, argumentando que el beneficio para más de dos millones de familias prima sobre la revisión técnica en este punto del año.
No obstante, el dirigente no ignoró las consecuencias económicas que el gremio ya había advertido en diciembre de 2025. Según Mac Master, el incremento ha generado una presión en los costos que se traduce en dos efectos: un aumento en la inflación —que alcanzó el 5,35 % en enero de 2026— y dificultades operativas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Seguridad jurídica y la postura de la Andi frente al Consejo de Estado
La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de forma provisional se fundamentó en posibles dudas sobre el cumplimiento estricto de los criterios legales de inflación y productividad. Ante esto, Mac Master calificó la situación como “inédita” y fue enfático en aclarar que la Andi no participó en las demandas contra el decreto, habiendo tomado la decisión expresa de cumplir con el incremento pactado inicialmente.
Desde el gremio se hace un llamado urgente a promover una jurisprudencia que brinde claridad y seguridad jurídica para empresas e inversionistas. También mitigar los efectos negativos sobre el empleo formal y la inflación y establecer reglas claras que protejan el poder adquisitivo sin arriesgar el crecimiento económico.
Frente a la convocatoria del Gobierno Nacional para discutir un nuevo decreto transitorio este lunes 16 de febrero, Mac Master aclaró que, desde una perspectiva jurídica, no existe actualmente un proceso formal de concertación abierto.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la protección de los ingresos a través del concepto de “salario vital”, un mecanismo que busca garantizar el acceso a la canasta básica familiar y que será parte central de las discusiones con empresarios y trabajadores en los próximos días.
La Andi concluyó que el camino a seguir debe ser un diálogo técnico y responsable, basado en evidencia, para encontrar soluciones sostenibles que beneficien al país en su conjunto.
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