Contraloría pone la lupa a intervención de Air-e ante millonaria deuda con generadoras

En un movimiento que subraya la creciente preocupación por la estabilidad del sector energético nacional, el Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, anunció un riguroso seguimiento técnico y permanente a la intervención administrativa de la empresa Air-e, a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La decisión se centra en la elevada deuda de la compañía con sus proveedores de energía, un factor que amenaza la sostenibilidad financiera del servicio en la región Caribe y la liquidez de las plantas térmicas.

Rodríguez Becerra fue enfático al dar instrucciones precisas a su delegado para el sector para monitorear de cerca las actuaciones de la Superintendencia. Este control busca no solo garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, sino también analizar las condiciones de la intervención y sus efectos en la sostenibilidad del servicio y la gestión correspondiente a las vigencias 2024 y 2025.

Air-e, que provee energía eléctrica en el Atlántico, La Guajira y 18 de los 29 municipios del Magdalena, se encuentra bajo intervención desde septiembre de 2024. El funcionario expresó que la región Caribe ha enfrentado históricamente desafíos estructurales para consolidar un esquema de prestación de servicio eficiente y equitativo, lo que no se ha logrado.

El Contralor resaltó que Air-e acumula una deuda cercana a los 900.000 millones de pesos con sus proveedores de energía adquirida en la bolsa. Esta situación repercute directamente en la estabilidad financiera de las plantas térmicas, piezas clave para la generación de energía en el país. Esta cifra es una de las varias que componen el complejo panorama financiero que enfrenta la empresa.

Los factores

La coyuntura de Air-e y Afinia (otra empresa con deterioro en su liquidez) obedece a múltiples factores mencionados por el Contralor:

• La opción tarifaria implementada durante la pandemia de COVID-19 en 2021, que permitió aplazar pagos con la expectativa de financiación gubernamental que no se ha concretado plenamente. El cobro de estos valores diferidos implicaría incrementos en las tarifas.
• Una deuda acumulada por alcaldías y gobernaciones con Afinia, filial de EPM, que ascendía a 341.000 millones de pesos a finales de 2023.
• La demora en el giro de subsidios por parte del Gobierno Nacional, a pesar de que en mayo de 2025 el Ministerio de Minas y Energía informó haber saldado la deuda de 2024 por cerca de 2.5 billones de pesos. No obstante, el Contralor advirtió que aún está pendiente el pago de obligaciones causadas en el primer trimestre de 2025, y la deuda ha seguido acumulándose a lo largo de 2025 sin certeza sobre la disponibilidad presupuestal, lo que revela un problema de caja.

Adicionalmente, el Fondo Empresarial, gestionado por la Superintendencia de Servicios Públicos, cuenta con un saldo disponible limitado de 167.000 millones de pesos a marzo de 2025, frente a obligaciones que superan los 2.5 billones de pesos, incluyendo empresas intervenidas y en liquidación como Electricaribe. Aunque se exploran mecanismos para obtener nuevos recursos, como una posible creación de una renta parafiscal, estas soluciones requieren tiempo, mientras la deuda sigue creciendo de manera gradual.

Seguimiento al pago de subsidios

El contralor Rodríguez resaltó la relevancia del sector minero-energético en el país. Expresó que: “Sin energía no se tiene aparato productivo funcional, ni los ciudadanos pueden acceder a bienes y servicios que hoy damos por sentado: telecomunicaciones, transporte, industria, comercio, servicios públicos, todos dependen o pertenecen a una matriz energética que debe funcionar adecuadamente y desde luego estar adaptada a las realidades y las necesidades del país”.

Dijo que la Contraloría ha priorizado el sector minero-energético en su agenda de vigilancia preventiva y concomitante, abordando la transición energética, la seguridad y confiabilidad energética, y la gestión de los subsidios. Subrayó que los subsidios no son recursos que se le estén dando a las empresas, sino que están establecidos en beneficio de una población.

La entidad está estructurando un tablero de control y seguimiento en tiempo real que permita verificar mensualmente las apropiaciones y los pagos, buscando identificar con precisión los montos y el trámite adelantado para el pago de las deudas públicas, así como las responsabilidades institucionales para evitar su acumulación.

El Contralor reafirmó el compromiso de la entidad con un control fiscal técnico, independiente y preventivo que garantice que cada peso invertido en el sector se traduzca en bienestar. Expresó que la sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden depender de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión o falta de coordinación.

Puntualizó haciendo un llamado a una institucionalidad robusta, una planeación rigurosa y una ejecución oportuna de los recursos públicos que asegure el acceso a la energía con calidad, eficiencia y precios justos para todos los ciudadanos.