La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas sobre el panorama electoral en la región Caribe colombiana al emitir la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025.
El documento señala graves riesgos para el ejercicio democrático de cara a los comicios de 2025 y 2026, causados por la peligrosa combinación de corrupción electoral, compra de votos y la influencia de grupos armados.
El informe de la Defensoría, que abarca la macrorregión Caribe (Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar y San Andrés), concluye que 135 municipios presentan niveles de riesgo.
De este total, 7 municipios se encuentran en llamado a la acción urgente, 81 en acción prioritaria y 47 en observación permanente.
El Atlántico, bajo control criminal
El departamento del Atlántico figura en los niveles de máxima amenaza. La Defensoría ubica en el nivel urgente a municipios como Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo. Incluso Barranquilla y la mayoría de las demás localidades del departamento aparecen catalogadas como de riesgo prioritario.
La entidad subraya que los grupos armados no solo actúan en la periferia, sino que buscan incidir en las decisiones locales. La presencia de estas estructuras se siente especialmente en los sectores rurales del Atlántico, además de Sucre y Bolívar.
Clan del Golfo, amenaza principal
Según el análisis de la Defensería, la amenaza principal proviene de la presencia activa del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el ELN y diversas facciones disidentes de las FARC-EP.
Estas estructuras criminales están ejerciendo un control político y social sobre las comunidades, e intentan influir directamente en candidaturas y procesos de participación.
La Defensoría detalla los métodos de cooptación: los criminales actúan a través de “voceros políticos” que median ante la población, logrando la captura de liderazgos comunitarios e incluso de las Juntas de Acción Comunal.
En elecciones anteriores, el Clan del Golfo ya había demostrado su capacidad para restringir la movilidad de aspirantes y presionar directamente a comunidades para que votaran por candidatos específicos.
Como lo señala la Defensoría en su informe, “El panorama en el Caribe es alarmante: los grupos armados buscan incidir en las decisiones locales, mientras la corrupción continúa siendo un obstáculo estructural para la democracia”.
Corrupción y debilidad institucional
Además de la violencia política, el fraude electoral se mantiene como un riesgo estructural en toda la región. El documento advierte que la compra de votos y la corrupción limitan la pluralidad democrática y terminan favoreciendo a aquellas candidaturas apoyadas por intereses económicos o criminales.
Pese a que en ciudades capitales como Barranquilla y Cartagena se han establecido comités de seguimiento electoral con la participación de la Fuerza Pública y autoridades, la Defensoría alerta sobre una brecha grave.
Estas acciones de vigilancia y seguridad aún no logran alcanzar las zonas rurales, donde la debilidad institucional persiste.
Dice la entidad que la falta de medidas urgentes podría resultar en un debilitamiento progresivo de la democracia local y una mayor captura institucional por parte de los intereses criminales.
Llamado a las autoridades
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado enfático a las autoridades nacionales y territoriales. La solicitud principal es garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral: candidatos, líderes sociales, mujeres y periodistas.
La entidad pide, además, que se fortalezcan las rutas de protección de manera prioritaria en aquellos municipios que han sido identificados con mayor riesgo.
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