En una medida extraordinaria que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump incluyó este viernes al presidente colombiano Gustavo Petro en la denominada “Lista Clinton” (la lista de sanciones que administra la Office of Foreign Assets Control / US Department of the Treasury – OFAC), decisión que también alcanza al ministro del Interior Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y el hijo del presidente, Nicolás Petro.
Quienes aparecen en esta lista quedan con sus activos dentro de la jurisdicción estadounidense congelados. Además, se prohíben transacciones con entidades o ciudadanos de EE. UU.
Según la versión del Tesoro estadounidense, la decisión se basa en que, desde que Petro asumió la presidencia, la producción de cocaína en Colombia habría alcanzado “niveles más altos en décadas”, lo que —en criterio de Washington— implica que el mandatario permitió el florecimiento de carteles de la droga.
La inclusión en la Lista Clinton puede equivaler a lo que algunos expertos llaman una “muerte financiera”: acceso bloqueado a sistema financiero internacional, prohibición de negocios con empresas de EE. UU., riesgo de aislamiento para quien figura allí.
Esta sanción no aparece de la nada
Hace apenas días, el presidente Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de toda ayuda estadounidense hacia Colombia.
El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno había advertido la intención de incluir a Petro y su círculo en la lista OFAC.
Fue así que el escenario diplomático se fue degradando hasta esta escalada que afecta individualmente al jefe de Estado y a su entorno inmediato.
Reacciones y escenarios
Gustavo Petro reaccionó públicamente señalando que esta sanción es “una paradoja” porque a su juicio ha luchado contra el narcotráfico durante décadas, y anunció que su abogado estadounidense será Dany Kovalik.
Armando Benedetti declaró sentirse víctima de una acusación infundada y calificó la medida como “injusta”.
En Colombia se abre el interrogante sobre las implicaciones para la diplomacia, comercio y los programas de cooperación que tradicionalmente existían con EE. UU.
También habrá que ver si Washington decide extender sanciones más amplias (por ejemplo, aranceles, restricciones de visas, suspensión de cooperación militar) hacia Colombia.
En el ámbito interno colombiano, el gobierno de Petro afronta serios retos: justificar ante la opinión pública nacional las razones de la sanción y su respuesta ante la crisis diplomática.
Para EE. UU., la decisión refuerza su política de “tolerancia cero” frente al narcotráfico y quienes perciba como facilitadores o permisivos, incluso si se trata de aliados históricos.
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