Fedesarrollo plantea salidas a un sector energético que considera bajo asedio

El sector energético colombiano se encuentra “bajo asedio” y requiere una modernización urgente para garantizar su sostenibilidad y crecimiento económico. Así lo indicó Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, durante su participación este viernes en el Foro Energético Andeg.

Benavides habló sobre la crítica situación actual y presentó parte de un estudio de Fesarrollo que arroja un conjunto de propuestas para revitalizar el sector, enfatizando la necesidad de una profunda reforma regulatoria y de planificación.

Señaló tres grandes grupos de problemas que aquejan al sector. El primero es el riesgo de desabastecimiento simultáneo en electricidad y gas, sumado a una asfixia financiera del sector por parte del Estado. Segundo, un debilitamiento “deliberado” de la CREG desde 2022, calificado como un hecho de gran magnitud. Y una “deuda técnica” arrastrada por años en planeación, regulación y vigilancia de mercados.

“Colombia fue pionera en mercados eléctricos en los 90, pero no logró evolucionar su modelo como otros países, lo que ha dejado la regulación y planificación rezagadas”, expresó.

El investigador advirtió que el modelo sectorial está “bajo asedio” desde el inicio del actual gobierno, con anuncios constantes que van en contra de la energía en electricidad, gas e hidrocarburos. Estas medidas son descritas como “expropiatorias”, debilitan la institucionalidad y minan la credibilidad del país para la inversión energética, lo que se evidencia en la salida de grandes compañías de hidrocarburos.

“No solo hay que defender el modelo, que ha tenido logros como el aumento de cobertura y la prevención de racionamientos, sino que es una oportunidad para modernizarlo bajo reglas de mercado”, manifestó.

Indicó que se estima que se requieren al menos 26 billones de dólares para gas y electricidad, una cifra que subraya la magnitud de las reformas necesarias.

Enfatizó en medidas de choque para hacerle frente a la coyuntura del sector. En ese sentido, afirmó que debe darse una reducción del déficit de electricidad y gas. Se deben movilizar todos los recursos posibles, incluyendo autogeneradores (con incentivos), eficiencia energética, recursos energéticos descentralizados, plantas virtuales de potencia y la participación de la demanda (similar al esquema CFUS de California).

Igualmente, debe darse solución de deudas y subsidios. Abordar las deudas de empresas como Air-e y Afinia, y los subsidios adeudados por el gobierno. “Esto implica pagos programados y un cambio en el modelo general de subsidios para regiones con dificultades financieras”, dijo Benavides, quien indicó que para casos como Air-e y Afinia, se propone la toma de participación accionaria por parte del Estado, emisión de bonos y un nuevo modelo de servicio para zonas no rentables.

Principios esenciales

Para guiar la política energética, Benavides propuso cuatro principios esenciales. Precisó que debe haber un respeto a los derechos de propiedad, profundización de los mercados y fomento de la innovación. Esto implica introducir más tipos de mercados (servicios secundarios, regulación de frecuencia, arranques) para dar valor adicional al sistema, en lugar de modelos intervencionistas.

También mencionó la subordinación de la política sectorial al crecimiento económico. Considera que la energía no debe ser un fin en sí mismo, ni el objetivo debe ser “enverdecer” la matriz energética a cualquier costo, ya que Colombia ya es un país “verde” en términos de emisiones por unidad de PIB.

Otro principio fundamental es la generación de confianza en los actores a través de acciones creíbles y “costosas” que demuestren un compromiso pro-mercado por parte de futuros gobiernos. Y finalmente, la racionalización de los apoyos públicos al sector, criticando el actual esquema de subsidios cruzados basado en estratos, que “ha demostrado ser ineficiente y problemático, especialmente en regiones como la Costa”.

Propuestas de solución

En su exposición el investigador Benavides planteó un conjunto de medidas y ajustes indispensables para hacerle frente a los desafíos.

Migración a un Modelo Regulador Transaccional

En este punto aseguró que la regulación debe moverse hacia un modelo transaccional, más líquido, que facilite transacciones y cree mercados de servicios auxiliares y otros atributos actualmente subvalorados. Indicó que se busca valorar contribuciones a la estabilidad y seguridad de la red. Dijo que modelos similares se están ensayando en mercados como California, Australia y Reino Unido.

Planificación Descentralizada de Recursos

“Hay necesidad de una planificación que incorpore la demanda, coordine electricidad y gas, permita la regionalización y una mayor interacción entre agentes”, expresó el investigador de Fedesarrollo. Dijo que este modelo, coordinado desde arriba, pero con mayor granularidad, es crucial ante la creciente complejidad de las redes por la aparición de recursos descentralizados.

Creación de Centros de Más Energía (Hubs de Innovación)

En este punto se propone una estructura de seis nodos nacionales (Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Cali) especializados en el mercadeo de productos y servicios energéticos.

Estos centros impulsarían la innovación comercial y de gestión financiera y de riesgos, desarrollando productos como medidores inteligentes, instrumentación para climas húmedos y cálidos, y paneles solares translúcidos, incluso con posibles alianzas internacionales.

Puntualizó en el fortalecimiento institucional, dijo que dada la profundidad de los problemas, se propone la creación de una unidad de apoyo temporal compuesta por cuatro firmas especializadas para asistir y recuperar la majestad de la CREG, y al Ministerio de Minas y Energía: una firmada para orquestar medidas de reducción del riesgo de desabastecimiento. Otra para reparar la normatividad “degradada” en los últimos tres años.

Una tercera para ajustes sencillos en la arquitectura regulatoria y de planeación. Y una banca de inversión para estructurar la venta de ISA, con el objetivo de sacar el control del Estado y del sector de petróleos del sector eléctrico, lo que Benavides considera una intromisión innecesaria y una amenaza de intervención.