En un pronunciamiento, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) encendió las alarmas sobre lo que considera una eventual retaliación contra los gremios, la cual estaría siendo “camuflada” dentro de las medidas de una nueva declaratoria de emergencia económica.
De acuerdo con el gremio, el Gobierno Nacional estaría utilizando este mecanismo excepcional para intentar silenciar la libre expresión y vulnerar la autonomía de la sociedad civil organizada.
La preocupación surge tras la filtración de un borrador de decreto que contiene medidas tributarias orientadas a la denominada “Emergencia Económica”. Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Ejecutivo buscaría intervenir en la vida interna de las organizaciones gremiales convirtiéndolas en sujetos pasivos del impuesto al patrimonio.
El gremio sostiene que esta medida funciona como un mecanismo indirecto de presión contra organizaciones que han ejercido su derecho legítimo a criticar y advertir sobre los riesgos de las políticas económicas actuales.
“La autonomía gremial no es un privilegio, sino una garantía constitucional fundamental para el equilibrio democrático y para la existencia de una sociedad civil libre e independiente frente al poder del Estado. La Constitución y la ley son claras en proteger la libertad de asociación, la no intervención del Estado en las asociaciones de empleadores y la libertad de expresión, incluso en escenarios de estados de excepción”, afirmó Cabal Sanclemente.
El gremio enfatizó que la Ley Estatutaria 137 de 1994 prohíbe taxativamente que el Gobierno restrinja derechos fundamentales durante las emergencias.
Ante lo que califican como un posible abuso de poder, Fenalco ha elevado un llamado urgente a organismos internacionales, específicamente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de este llamado es que estas instancias se mantengan alertas y vigilen cualquier medida que pueda vulnerar la libertad gremial y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“La libertad gremial no se negocia, no se suspende y no puede quedar al arbitrio del poder”, sentenció Cabal, reafirmando que la fiscalidad no debe ser usada como un instrumento de castigo político.
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