Los principales gremios del sector privado encendieron las alarmas frente a las recientes solicitudes de información realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a distintas empresas del país, en las que se les pide revelar criterios y estrategias de fijación de precios, descuentos y márgenes de ganancia.
Tanto la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) consideran que estas exigencias desbordan las competencias legales de la entidad y ponen en riesgo la libertad de empresa y la seguridad jurídica.
Fenalco fue particularmente enfático al rechazar lo que calificó como una “indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales”. Según el gremio del comercio, la información requerida por la SIC —relacionada con procedimientos jurídicos, técnicos y comerciales para fijar precios, así como con la estructura de costos y márgenes de utilidad— podría convertir a la entidad en una suerte de “Superintendencia de Precios”, desnaturalizando su función constitucional y legal .
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que estas medidas desconocen el artículo 333 de la Constitución, que consagra la libertad económica y de empresa, y advirtió que pretender controlar la inflación mediante presiones administrativas o eventuales controles de precios constituye un error económico de fondo.
A su juicio, exigir a los comercios explicar cómo fijan los precios de miles de referencias —en algunos casos más de 40.000 productos— resulta materialmente imposible y evidencia un desconocimiento de la dinámica microeconómica, especialmente en sectores como alimentos perecederos, calzado o confecciones, donde los precios varían según oferta, inventarios y temporadas .
En la misma línea, la Andi expresó su “profunda preocupación” por el alcance de las solicitudes de información conocidas, al considerar que exceden las facultades que la ley le otorga a la SIC.
En un pronunciamiento, el gremio empresarial señaló que no existe una norma que habilite a la Superintendencia para inspeccionar, por sí misma, aspectos como la estructura de costos, los márgenes de ganancia o las políticas comerciales internas de las empresas cuando dicha información no es pertinente ni conducente para el ejercicio de sus competencias legales .
La Andi advirtió que requerir este tipo de datos puede vulnerar derechos fundamentales como la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales, afectando la competitividad y la seguridad jurídica de los actores del mercado formal.
Además, el presidente de este gremio, Bruce Mac Master recordó que, conforme al artículo 6º de la Constitución, los servidores públicos solo pueden ejercer funciones expresamente atribuidas por la ley, por lo que las facultades de solicitud de información no pueden interpretarse como una “carta en blanco” en un Estado de Derecho.
Ambos gremios coincidieron en que la protección del consumidor es un objetivo legítimo y necesario, pero insistieron en que debe ejercerse de manera proporcional y respetando los límites constitucionales y legales.
En caso contrario, advirtieron, se corre el riesgo de generar efectos contraproducentes sobre la inversión, el abastecimiento y el funcionamiento del mercado, en un contexto económico ya presionado por la inflación y los mayores costos empresariales.
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