Las 4.574 hectáreas entregadas por el gobierno a campesinos del Magdalena Medio

El presidente Gustavo Petro entregó más de 4.500 hectáreas a comunidades campesinas del Magdalena Medio, una región profundamente afectada por el conflicto armado y por décadas de despojo territorial.

Los predios fueron recuperados por el Estado tras haber sido usurpados y controlados por exjefes paramilitares como alias ‘Macaco’, ‘Ruso’ y ‘Tomate’, así como por Alonso de Jesús Daza Lopera, capturado en España en 2010 por presunto narcotráfico y lavado de activos.

El gobierno afirmó que a pesar de la extinción de dominio de estas tierras, hace más de una década, continuaban bajo el control fáctico de estructuras ilegales y familiares de narcotraficantes.

Su recuperación exigió más de un año de investigaciones y verificaciones administrativas, jurídicas y catastrales.

Y el viernes 23 de mayo estas tierras fueron puestas al servicio de quienes históricamente han resistido, cultivado y defendido el territorio.

Así están distribuidas

El gobierno precisó que de las 4.574 hectáreas que fueron entregadas, 680 fueron recuperadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), 3.254 por el Fondo de Reparación de Víctimas, y otras 545 hectáreas corresponden a un baldío ubicado en el municipio de Cimitarra, Santander.

Esta entrega forma parte del convenio firmado en 2024 entre la SAE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que contempla un total de 24.336 hectáreas destinadas a la Reforma Agraria en el Magdalena Medio.

En el mismo evento, el jefe de Estado anunció la promesa de compraventa de 8.032 nuevas hectáreas, que beneficiarán a campesinos y víctimas del conflicto armado.

El acto se realizó con una movilización popular en Barrancabermeja, con la participación de más de 1.500 campesinos y campesinas, y la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, como respaldo institucional a este proceso de reparación territorial.

Harman dijo que esta jornada es un paso concreto en la Reforma Agraria que impulsa el Gobierno nacional, orientada a garantizar justicia social, democratización del acceso a la tierra y reparación a las comunidades campesinas que han padecido el despojo.