Ocho proyectos claves de la Región Caribe se paralizarían por no pago de deudas del Invías a constructores

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, Regional Norte, a través de su director ejecutivo Héctor Carbonell, advierte que ocho proyectos estratégicos para el desarrollo de la Región Caribe podrían paralizarse debido a las deudas que tiene el Instituto Nacional de Vías (Invías) con constructores, consultores e interventores de obra.

Señaló que los proyectos que serían afectados en esta zona son:

  • 1. Conexión Puente Pumarejo-Ciénaga y viaductos, con un valor de $657.000 millones de pesos.
  • 2. Conexión Alta Guajira Uribia-Puerto Bolívar-Punta Estrella-Vías Wayú-Cabo de la Vela, San Martín que tiene un valor de $280.880 millones de pesos.
  • 3. Variante Magangué y Transversal Momposina (Puerta del Hierro – El Burro), en Bolívar, Magdalena y Cesar con un valor de $221.000 millones de pesos.
  • 4. Corredor Santa Lucía-Moñitos en Córdoba, con un valor de $178.000 millones de pesos.

Otros proyectos viales que podrían paralizarse son Puente Ayapel – Pueblo Nuevo, en Córdoba; Barranquilla – Puerto Colombia, en Atlántico; Transversal del Sur, en Bolívar; y Mompox – Pinillos, también en este último departamento, obra incluida en el programa Colombia-Avanza.

De acuerdo con la CCI, las deudas de Invías a nivel nacional con constructores, consultores e interventores de obra superan el billón de pesos y corresponden a obras ya ejecutadas.

Por la parálisis de los proyectos se afectarían además proveedores de esas firmas y un significativo número de trabajadores de las regiones mediante encadenamientos productivos dada la generación de empleo directo, indirecto e inducido que genera el sector de infraestructura, y también los de servicios complementarios como restaurantes, hoteles y otras fuentes de ocupación.

Propuesta de solución

Cómo fórmula para superar la situación, la Cámara Colombiana de la Infraestructura planteó hacer una sustitución de fuente, usando el medio billón de pesos que Invías ha recogido en un fondo manejado por Fiduprevisora, provenientes de los excedentes de contratos de concesión que han finalizado y destinados por el Gobierno nacional a futuro para ejecución de obra pública.

La propuesta es retrasar esa ejecución mientras el Ministerio de Hacienda consigue flujo de caja, y con esos recursos más los $100.000 millones que tiene el Invias para atender esas obligaciones, reunir una bolsa de $600.000 millones para pagar buena parte de las deudas. Para canalizar esos recursos validar ese camino, se debe revisar su viabilidad a la luz de la ley presupuestal.