Petro decreta Emergencia Económica y Social en todo el país por 30 días

En una decisión que marca un punto de inflexión para la estabilidad financiera del país, el presidente Gustavo Petro, junto a su gabinete ministerial, ha firmado el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, declarando oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.

La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, surge como respuesta a lo que el Ejecutivo describe como una “incapacidad material” para responder a las necesidades de la población mediante las vías ordinarias.

El argumento central del Gobierno es la falta de una fuente legal para financiar ingresos por $16,3 billones de pesos, situación agravada por el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Este escenario representa, según el decreto, una “amenaza grave e inminente al orden económico y social”.

La administración Petro ha identificado ocho puntos críticos que justifican esta medida extraordinaria de Emergencia Económica: Hueco fiscal: Un vacío de $12 billones para2025 y $16,3 billones para 2026 tras la no aprobación de leyes de financiamiento.

Salud: La urgencia de $3,3 billones para cumplir con la nivelación de pagos (UPC) exigida por la Corte Constitucional. Crisis energética: Deudas por subsidios de luz y gas que alcanzan los $5,1 billones, afectando especialmente a la región Caribe.

Justicia y víctimas: Fallos judiciales pendientes por $9,9billones y un déficit de $1,6 billones para la reparación de víctimas.  Seguridad y desastres: La necesidad de recursos adicionales ante el deterioro del orden público y $0,5 billones requeridos para atender emergencias naturales.

Deuda externa: Restricciones en los límites de endeudamiento que han cerrado el acceso a nuevos créditos.

Poderes extraordinarios y nuevos impuestos

Bajo esta declaratoria, el presidente Petro adquiere la facultad de dictar decretos con fuerza de ley sin pasar inicialmente por el Congreso, orientados exclusivamente a mitigar la crisis. Esto abre la puerta a la creación o modificación de impuestos de forma transitoria.

Se anticipa que el Gobierno podría implementar medidas fiscales agresivas en los próximos días, entre las que se incluyen:

1. La implementación del 5×1000.
2. Creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas.
3. Aumentos en el IVA y en impuestos al consumo.
4. Mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos, alimentos ultra procesados y la extracción de combustibles fósiles.

Se estima que, de mantenerse activo el decreto hasta marzo, el Gobierno podría recaudar aproximadamente $1,1 billones de pesos adicionales para solventar la deuda nacional.

El papel de la Corte Constitucional

A pesar de la autonomía que otorga la emergencia, el Gobierno no tiene un cheque en blanco. La Corte Constitucional tendrá la última palabra, ya que deberá revisar la constitucionalidad del decreto y asegurar que cada medida respete los derechos fundamentales y la legislación colombiana.

Existe una notable incertidumbre sobre cómo procederá el alto tribunal frente a esta declaratoria y las implicaciones que traerá para el país.

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