La industria del carbón en Colombia enfrenta una coyuntura crítica marcada por una caída histórica en la producción y exportaciones, atribuida directamente a una escalada tributaria y medidas administrativas internas. Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), ha sido enfático al señalar la necesidad urgente de recuperar la competitividad perdida y ha delineado una hoja de ruta centrada en la seguridad energética y fiscal que propondrán al próximo gobierno.
En una rueda de prensa celebrada este jueves 23 de octubre en Barranquilla, previa a la instalación de la Cumbre del Carbón 2025, Cante expresó que la industria colombiana del carbón está lidiando con una triple afectación: la relocalización de los mercados de consumo, la caída en los precios globales tras los picos de 2022, y un choque institucional interno.
El impacto de estos factores se refleja en cifras preocupantes. Con corte al tercer trimestre, el sector registra una reducción del 34% en las exportaciones y producción de sus productos en comparación con 2024. Esto se traduce en aproximadamente 10.8 millones de toneladas menos movilizadas.
La disminución es particularmente acentuada en el carbón térmico (10.5 millones de toneladas menos), aunque el carbón metalúrgico y el coque también cayeron en 1.3 millones de toneladas. Se estima que, al cierre del año, la reducción podría ubicarse cerca del 30%.
A nivel fiscal, las consecuencias son severas. Cante proyecta que los ingresos por renta y regalías combinados se reducirán drásticamente de cerca de 8 billones de pesos el año anterior a aproximadamente 5 billones de pesos este año.
El impacto de las decisiones gubernamentales
El presidente de Fenalcarbón destacó que la “persecución tributaria” ha sido el principal detonante de la crisis interna. Las medidas adoptadas por el actual gobierno, que el gremio considera un choque institucional, han mermado los márgenes de operación y reducido la capacidad de ser competitivos a nivel global.
Entre las medidas más críticas que han afectado la actividad económica se encuentran una escalada tributaria Inédita. Dice el dirigente gremial que el sector de carbones y coque ostenta hoy la tarifa de anticipo de renta más alta del país, pasando del 1.6% al 4.5%. Este impuesto se paga sobre el valor de la factura antes de que la empresa reciba el pago de su cliente, lo que Cante califica de “antitécnico”, obligando a las empresas a anticipar una renta en exceso.
Se refirió también a la captura de caja. Se calcula que el sector está anticipando en exceso unos 2 billones de pesos de renta para 2025. Esta decisión ha provocado que las empresas prefieran no producir o no exportar, ya que el Estado está “atrapando la caja” en ese monto, un dinero que, según el gremio, el próximo gobierno tendrá que devolver.
Frente a medidas administrativas dijo que se han implementado cierres de puertos carboníferos y se ha llegado a la prohibición de exportaciones a ciertos destinos, como Israel, lo que agrava la pérdida de competitividad.
La inviabilidad logística también afecta. “La combinación de precios internacionales a la baja y la carga tributaria hace que el carbón del interior del país, que debe moverse 1,000 km, sea inviable para la exportación”, precisó Cante.
Otra consecuencia es la crisis social y laboral. De acuerdo con el gremio, la reducción del margen y los bajos volúmenes de movimiento han obligado a muchas operaciones de pequeña minería a disminuir su producción, entrar en fase de mantenimiento o despedir a un número importante de trabajadores. “En Montelíbano y Puerto Libertador, el nivel de empleo ha descendido en un 60% en algunas operaciones”, afirmó.
Adicionalmente, el sector denuncia que en materia de seguridad (secuestros exprés, extorsiones y dificultad en el movimiento de carga), la única respuesta que ha recibido del gobierno ha sido la imposición de un impuesto, sin mejoras tangibles en el orden público.
Hoja de ruta: devolver la sensatez a la agenda nacional
Fenalcarbón está dirigiendo un clamor no solo a los candidatos, sino a toda la economía nacional: es imperativo devolverle la competitividad al país.
La propuesta clave del gremio para la administración entrante se enfoca en dos pilares ineludibles para la nación: seguridad energética y seguridad fiscal.
1. Reforma fiscal urgente: El gremio exige un nuevo análisis del régimen tributario para asegurar que el sector pueda seguir produciendo, exportando y contribuyendo de manera importante a las rentas y regalías. Esto es crucial, dada la crisis fiscal que se proyecta en el país.
2. Retorno a la agenda de productividad: El sector espera que la “sensatez política” permita que el carbón retorne a la agenda de productividad, sobre todo considerando la crisis energética que Colombia ya está experimentando, manifestada en la escasez de gas y una demanda de energía que supera la capacidad instalada.
3. Foco en la tecnología: Cante enfatizó la necesidad de hablar no solo del recurso, sino de las tecnologías de vanguardia (como la gasificación del carbón) para garantizar la confiabilidad energética nacional, siguiendo el ejemplo de países productores y consumidores que mantienen sus estructuras económicas incorporando avances tecnológicos.
Cante recordó que el consumo global de carbones térmicos se mantendrá por lo menos por unas tres décadas más, lo que demuestra la relevancia persistente del sector. Pese a la crisis, la pequeña minería, proveedora de carbón para las térmicas nacionales, sigue dispuesta a contribuir con los volúmenes requeridos por el país para garantizar la seguridad energética.
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