El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la suspensión de una parte de la ayuda prevista para Colombia, ejecutando la amenaza de recorte que había sido anticipada por el presidente Donald Trump desde el pasado domingo en respuesta a su enfrentamiento directo con el presidente colombiano Gustavo Petro.
La medida fue anunciada formalmente a través de un comunicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó que Colombia no será certificada en el cumplimiento de sus responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico.
Esta certificación es exigida por la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Continuidad de Asignaciones del año fiscal completo de 2025.
Políticas antidrogas
El Departamento de Estado justificó la decisión señalando que la falta de certificación se debe a las “desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro”.
La administración estadounidense fue categórica en su comunicado, citando la determinación del presidente Trump del 15 de septiembre, donde se estableció que Colombia está “fallando de manera demostrable” en el cumplimiento de sus responsabilidades de control de drogas. La dependencia agregó que, desde entonces, el presidente Petro “ha redoblado su defensa de estas políticas fallidas”.
El comunicado enfatiza que Estados Unidos “no hará la vista gorda ante la complacencia y ánimo a los narcoterroristas por parte de Petro”. Además, asegura la determinación de llevar a los terroristas y traficantes de drogas ante la justicia para impedir que “drogas ilegales mortales ingresen a nuestro país”.
Las tensiones se agudizaron públicamente esta semana. El miércoles, durante un evento en la Casa Blanca, el presidente Trump precisó que la ayuda quedaba suspendida, al mismo tiempo que tildó a Petro de “líder del narcotráfico” y “matón”. Trump también ha advertido a Gustavo Petro con “medidas más severas contra Colombia en ‘futuro próximo’”.
El impacto económico: Un recorte parcial
Aunque la noticia de la suspensión generó una preocupación inicial sobre el cese total de la ayuda, los detalles de la ley aclaran el verdadero alcance del recorte.
La certificación denegada por el Departamento de Estado se exige en el caso de la lucha contra las drogas y afecta un 20 por ciento de los recursos asignados a Colombia. Según la dependencia, el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones en el combate efectivo de la producción y el tráfico de narcóticos.
Los fondos anuales para la lucha contra las drogas son cercanos a unos US $135 millones. Bajo este mecanismo legal, la ayuda congelada por el Departamento de Estado sería de aproximadamente US $27 millones de dólares anuales.
Es importante anotar que esta cantidad no representa la totalidad de la ayuda que recibe Colombia, como se llegó a especular. Cabe recordar que la mayor parte de los recursos destinados a ayuda social ya habían sido frenados a comienzos de año.
Colaboración y el apoyo institucional
El Departamento de Estado hizo una distinción clara entre el gobierno de Petro y las instituciones colombianas, asegurando que la decisión “no es un reflejo de estas instituciones, sino de los fracasos e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo más cercano”.
La dependencia aclaró que, a pesar de la suspensión, “seguirán apoyando a las fuerzas de seguridad colombianas, su sector de justicia y los funcionarios departamentales y municipales”. El trabajo conjunto en iniciativas de lucha contra el narcotráfico continuará.
Esta insistencia en mantener la colaboración con la fuerza pública y otras instituciones, a pesar de las declaraciones del mandatario republicano, se explica por el carácter parcial de la suspensión.
Doble golpe para el Gobierno Petro
La oficialización del recorte de ayuda se convierte en un golpe doble para el gobierno Petro. Solo horas antes de este anuncio, el Departamento del Tesoro estadounidense hizo pública la inclusión de Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la “lista Clinton”. Esta designación prevé la imposición de severas sanciones financieras para los involucrados.
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