El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha emitido llamado a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes para que den continuidad inmediata al trámite del proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero.
La urgencia radica en que, según la sentencia C 072 de 2025 de la Corte Constitucional, la normativa actual solo tendrá vigencia hasta el próximo 20 de junio de 2026.
El director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, enfatizó que la aprobación de esta ley es vital para garantizar la seguridad jurídica y proteger la economía formal del país.
Tras el aplazamiento del primer debate en las comisiones segundas conjuntas, Betancourt advirtió que no contar con este marco normativo antes de la fecha límite sumergiría a Colombia en un vacío constitucional que frenaría en seco la lucha contra el contrabando.
“Sería un escenario realmente grave pues el país estaría en condiciones de imposibilidad de ejercer el control aduanero”, afirmó el director, señalando que acciones fundamentales como las aprehensiones, los decomisos y la liquidación de sanciones quedarían paralizadas. Esta situación es calificada por la entidad como “inaceptable e inconveniente” para quienes ejercen el comercio de manera legal.
El reloj legislativo en contra
Para que el nuevo régimen sea una realidad, el proyecto de ley debe completar su trámite de votación y aprobación en el Congreso a más tardar el 10 de junio, permitiendo así que el Presidente de la República realice la sanción correspondiente antes del 20 de junio.
A pesar de que existe una ponencia unificada que refleja un consenso sobre la necesidad de un régimen moderno, claro y proporcional, el proceso sufrió retrasos recientes. El Gobierno confía en la “voluntad política” y la responsabilidad de los legisladores como garantes del interés público para evitar que el país pierda su autoridad aduanera.
La nueva normativa no solo busca combatir el fraude y el contrabando, sino también fortalecer la competitividad del comercio exterior colombiano, alineándose con los mandatos constitucionales y el interés general del país.
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