El Canal de Isabel II demandó ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones, Ciadi, a Colombia, por la venta de acciones de su filial Triple A, algo que la multinacional española ha considerado una expropiación.
La demanda instaurada ante el organismo dependiente del Banco Mundial la hizo a través de su también filial Canal Extensia, empresa que adquirió la mayoría accionarial de la colombiana Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.).
Canal Isabel ya había anunciado que acudiría a esta instancia ante no haber prosperado su reclamo por vía diplomática. De acuerdo con el diario El País de España, contrató los servicios del despacho de abogados español Uría Menéndez y de su socio colombiano Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Colombia está representada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En el proceso ante el Ciadi, el Canal de Isabel alega el incumplido del acuerdo bilateral de protección de las inversiones extranjeras firmado por España y Colombia en 2005.
Tras hechos de corrupción, en octubre de 2018 cuando la Fiscalía General de la Nación dictó medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio, de las acciones que poseía en la Triple A, la compañía Inassa. La española contaba con el 82% de las acciones.
Fue el propio presidente Iván Duque que avaló el proceso aplicando para ello una ley diseñada contra paramilitares y narcos, según denunció la empresa española.
“Lo que queremos es que la Triple A vuelva a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”, dijo en su momento en entonces presidente Duque.
EL PASO DE LAS ACCIONES
Tras tener el Gobierno el control de las acciones de Triple A, en diciembre de 2021, Barranquilla logró recuperar la empresa, sin tener que apropiar un solo peso de la ciudad ni arriesgar su patrimonio. El Distrito pasó de tener el 14.5% de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 65%, y manteniendo, adicionalmente, el 30% de regalías sobre el flujo de caja libre.
Esto se dio tras el apoyo que el alcalde Jaime Pumarejo pidió al presidente de la República, Iván Duque y, con ese concurso, en marzo le propuso a Andrés Alberto Ávila, director de la SAE, un memorando de entendimiento y un acuerdo de confidencialidad para avanzar en la adquisición de las acciones.
CONTRALORÍA INVESTIGA
Aunque en su momento la SAE precisó que se trataba de un proceso que cumplía con todas las garantías legales, un año después, la Contraloría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar por las supuestas irregularidades cometidas en la compra venta de acciones de la empresa Triple A de Barranquilla.
La decisión apunta a esclarecer la comisión de un posible detrimento patrimonial derivado de la negociación realizada en 2021, cuando fueron cedidas a la empresa Alumbrado Público, de la cual es socio el Distrito de Barranquilla, más del 80 por ciento de las acciones de la Triple A.
La idea es que en dicho proceso, el valor negociado habría estado muy por debajo del precio real de la empresa.
El detrimento patrimonial que le habría ocasionado al Estado el proceso de venta de acciones de la empresa Triple A, ascendería a 1.4 billones de pesos.
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