Aprovechando la audiencia virtual, relacionada con el juicio que se le sigue al empresario Julio Gerlein, acusado de varios delitos, la excongresista y prófuga de la justicia colombiana Aida Merlano Rebolledo elevó solicitud al presidente Gustavo Petro Urrego para que gestione su extradición ante el gobierno de Venezuela.
Merlano fue citada a declarar en la audiencia de este jueves sobre el caso de Gerlein, investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales; y además se ratificó en que él fue uno de los aportantes de 12.000 millones de pesos a su campaña electoral en el 2018.
“Aprovecho este espacio para exigirle al presidente Gustavo Petro, que exija mi extradición al país a donde yo si quiero ir a dar la cara y posteriormente que solicite cuál es mi situación. Estoy en condiciones que no son favorables. Yo si quiero volver a mi país y darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso”, manifestó la exsenadora.
FINANCIAR ELECCION
Por otro lado, en relación con las versiones de que hubo aportes cercanos a los 12.000 millones de pesos a su campaña, Merlano explicó que ese monto en realidad no llegó, sino que un alto porcentaje se desvió a financiar la elección al senado de Arturo Char, con quien había una alianza política.
De acuerdo con registros de prensa de El Espectador, en torno al aporte de Julio Gerlein, el abogado Jaime Lombana, defensor, sostuvo que, si bien hubo dinero para la campaña esto “correspondía a dineros relacionados con la relación sentimental que mantuvieron por alrededor de una década. Además, que ella era la encargada de las decisiones sobre lo que se iba a hacer con el dinero que él le consignaba, donde también se incluyen los montos que se mencionan en las grabaciones”.
ESCLARECER LOS HECHOS
Por último, Aida Merlano dijo al finalizar la audiencia, de casi siete horas: “Quiero que se esclarezcan los hechos de 2018 y que todas las personas que tenemos responsabilidad de alguna u otra manera y sean responsables, respondan ante la justicia por cada delito”.
El Espectador reseñó, a manera de contexto, que, en noviembre de 2022, la excongresista fue condenada a cinco años de prisión por el delito de violación de topes electorales por parte de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, los cuales sobrepasaron los 4.300 millones de pesos, cuando el Consejo Nacional Electoral le aprobó un límite de 884 millones.
Ella, que estaba en prisión logró, fugarse en el 2019 y pedir asilo en Venezuela, en donde permanece.

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