Congelamiento de peajes podría llevar a terminación anticipada de contratos: CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, dio a conocer sus reparos sobre el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional establece no incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Invías y la ANI.

Precisa el gremio que la columna vertebral financiera de las vías concesionadas se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada.

Así las cosas, el Estado se verá abocado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que aproximadamente estos últimos dejarán de percibir, durante el año 2023, tal como la ha indicado el Ministro de Hacienda.

Juan Martín Caicedo, presidente del gremio de la infraestructura, precisa que además, esta medida causa un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.

“En el caso particular de las denominadas IP (Iniciativas Privadas) siendo proyectos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, esta medida genera el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada. En este caso, el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, además, tendría que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías”, afirmó Caicedo.

CONSECUENCIAS DEL DECRETO

La CCI señala que la principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos.

A lo anterior, habría que sumar el hecho de que cambiar las reglas del juego genera un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que apuestan por iniciativas de esta naturaleza.

De acuerdo con el gremio, no ajustar al alza las tarifas de sus peajes, implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y administración de los proyectos. Lo anterior, puede generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores, por parte de las concesiones.

PRESERVAR LA CONFIANZA

Juan Martín Caicedo, subrayó en la necesidad de evitar el deterioro de la confianza, pues gracias a ella, “hemos construido a lo largo de 30 años una alianza exitosa y estratégica (Estado-concesiones), en pro del desarrollo y la modernización de la infraestructura nacional. Confianza que, además, podría lesionarse con los ya citados financiadores e inversionistas (locales e internacionales) que por convicción han creído en un modelo que, como el de las concesiones, ha demostrado – no solo en Colombia: en el mundo entero, incluso en países como la China- su irrefutable eficacia”.

Añadió que no hay que olvidar que esta confianza ha permitido que la infraestructura pueda entenderse como política de Estado, de largo aliento, que trasciende gobiernos de turno o ciclos políticos. Todo ello, con el apoyo indeclinable de la banca multilateral.

EL APORTE DE LAS CONCESIONES

Según la CCI, la participación privada en el desarrollo de infraestructura, como principal aliada del Estado, ha sido piedra angular para construir e intervenir, durante los últimos 30 años, más de 10.000 km de carreteras a lo largo y ancho de la geografía nacional que no hubiese sido posible ejecutar a través de obra pública, dadas las insuficiencias presupuestales existentes.

Habría que sumar además el impacto de las mencionadas concesiones sobre el espectro social, el cual se traduce en mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto. Lo anterior, porque el desarrollo de vías de esta naturaleza genera un encadenamiento productivo que incluye la creación de miles de empleos directos e indirectos, y demanda la utilización de diversos insumos provenientes de sectores como el industrial, el comercial o el financiero.

El gremio confía en el buen criterio del Gobierno y en su buen tino para analizar con detalle todo lo que ha expuesto.

Las concesiones del país, por su parte, seguirán con el compromiso inquebrantable de construir, día a día, un mejor país. En tal virtud, el gremio reitera su constante disposición para el diálogo constructivo con el Gobierno, bajo la premisa del interés general de la Nación. “No sobra advertir, finalmente, la zozobra que afecta al sector, en cuanto las instalaciones de algunas concesiones están siendo objeto de atropellos que demandan la acción urgente de la autoridad”, puntualizó el presidente de la CCI.