La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.
La apertura de la investigación disciplinaria tiene origen en una queja instaurada por la empresa Keralty, dueña de Sanitas, en contra de la superintendencia, por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.
El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.
Anuncia una estricta vigilancia
Ante las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que iniciará una estricta vigilancia, para garantizar que no se afecte el servicio que estas vienen prestando a sus millones de afiliados.
La jefe del Ministerio Público aseguró que su equipo está analizando con lupa los argumentos esgrimidos por la Supersalud para justificar estas decisiones y si estos son suficientemente razonables y proporcionales para darle cabida a una disposición de la envergadura que tiene la intervención forzosa.
La Procuradora anunció la creación de una red nacional del Ministerio Público, conformada por procuradores judiciales, personeros y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con el fin de verificar en todo el territorio nacional el correcto manejo presupuestal, logístico y la calidad en la atención en salud a los millones de afiliados de las EPS intervenidas.
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