La cantidad de metros cuadrados efectivos de espacio público por habitante es un indicador de bienestar de las grandes ciudades en el mundo y está asociado no solo con la capacidad de ofrecer espacios democráticos de esparcimiento y construcción de comunidad, sino también a indicadores de salud debido a la necesidad de contar con el amortiguamiento ambiental necesario para balancear la contaminación propia de los centros urbanos.
De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Barranquilla el promedio de espacio público efectivo por habitante en la ciudad es de 2,8 m2, mientras que el promedio actual en Bogotá es de 3,9 m2, en Medellín de 3,8 m2 y en Cali de 3,2 m2. Para tener un referente, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es entre 10 m2 y 15 m2 por habitante, lo que significa que nos enfrentamos a un reto muy importante para el urbanismo en todas las regiones.

Si bien Barranquilla multiplicó por tres el espacio público efectivo por habitante durante los últimos 10 años, pasando de 0,8 m2 a 2,8 m2, representados en más de 3,7 millones de m2, tiene el doble reto de seguir creciendo de manera ordenada con proyectos de vivienda y movilidad que respondan a las demandas demográficas, a la vez que aumenta la disponibilidad de espacio público efectivo para que ese crecimiento sea sostenible e inclusivo.
Este es un reto que ha estado en la agenda de las últimas administraciones distritales de los municipios del área metropolitana de Barranquilla, pero también se ha fijado como una prioridad de las empresas que lideran el desarrollo de infraestructura urbana y de vivienda en el Atlántico. Ese propósito compartido ha permitido que los avances sean acelerados y exponenciales, y hoy se manifiesta en iniciativas tan relevantes como Ciudad Mallorquín, el proyecto de desarrollo urbano de Grupo Argos en el que participan Bolívar, Marval, Conaco, Amarilo, Colpatria, Apiros, Conaltura, Prodesa y Arquitectura y Conconcreto.

Este proyecto, de acuerdo con las cifras de las empresas que participan, habilita 8 m2 de espacio público efectivo por habitante, pero además generará más de 2.000 empleos anuales durante su pico de construcción, representa inversiones consolidadas por COP 2,4 billones en proyectos de vivienda y por más de COP 165.000 millones en obras de urbanismo. Si bien para la construcción, se están usando 78 hectáreas de tierra en esta zona de ciénaga, la compensación obligatoria y voluntaria supera con creces el impacto que se genera.
El proyecto está impulsando la instalación de dos viveros comunitarios con capacidad para 10.000 individuos de mangle por año, pero, además, incluye la siembra de 50.000 individuos de mangle rojo en la Ciénaga de Mallorquín y más de 230.000 plantas de bosque seco tropical.
Barranquilla y su área metropolitana necesitan más proyectos como este, que garanticen el crecimiento ordenado, a la vez que ofrecen alternativas para cerrar las brechas de espacio público de manera sostenible, inclusiva y con irrigación de valor económico para la región.
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