En medio de la polémica generada por la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez —por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal— el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para hacer un llamado directo: que Uribe se someta voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerando que allí podría contribuir con la verdad del conflicto y encaminar un proceso de reconciliación para la sociedad colombiana.
“A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, planteó el jefe de Estado.
Petro afirmó que, más allá de su convicción personal, existe una posibilidad de cerrar las heridas del país a través de un tribunal de cierre de verdad judicial promovido por el acuerdo de paz. Invitó al exmandatario a participar en ese mecanismo como una muestra de responsabilidad histórica.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la independencia de la justicia y subrayó que su gobierno no busca perseguir políticamente a la oposición, sino que respeta la autonomía absoluta del sistema judicial.
Respuesta de Álvaro Uribe: rechazo categórico
La reacción del expresidente Uribe fue inmediata y contundente. Rechazó la sugerencia de someterse a la JEP, indicando que el presidente Petro no tiene autoridad para hacer esa propuesta.
“Presidente Petro, cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, expresó el exmandatario y exsenador.
Recordemos que Uribe ha insistido en que nunca ha buscado influir en los pronunciamientos judiciales a su favor, denunciando antes del fallo una supuesta persecución política orquestada desde sectores de la izquierda.
El fallo sin precedentes y con fuertes consecuencias políticas
La jueza Sandra Heredia, encargada del caso, dictaminó la condena en primera instancia —un fallo sin precedentes en la historia penal de Colombia al considerar responsable a un exmandatario— lo que intensificó el debate político y judicial.
Petro defendió la labor judicial y pidió que se respete la sentencia independientemente de simpatías políticas. Enfatizó que atentar contra la autonomía del tribunal sería “bestialidad” y una amenaza al Estado de Derecho.
El Centro Democrático y líderes afines han denunciado persecución judicial y han prometido apelar la sentencia, mientras otros actores del centro político exhortan a aceptar el fallo y preservar la institucionalidad.
El fallo ha reavivado las denuncias sobre vínculos entre Uribe, su hermano Santiago y estructuras paramilitares, así como su responsabilidad política por la crisis de los falsos positivos.
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