El partido Centro Democrático anunció hoy una movilización nacional en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras su condena en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos por los cuales enfrentaría 12 años de prisión domiciliaria.
La convocatoria formal fue realizada por los precandidatos presidenciales del uribismo, encabezados por la senadora Paloma Valencia, quienes integrarán una gira internacional por Estados Unidos y Europa con el fin de denunciar lo que calificaron como una “persecución política” contra el líder del partido.
En un comunicado, el Centro Democrático expresó su profundo dolor y rechazo por el fallo y afirmó que seguirá defendiendo la presunción de inocencia de Uribe mientras existan recursos judiciales pendientes, apelando ante el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de agosto próximo.
Según diversos directivos regionales, la movilización nacional se llevará a cabo el 7 de agosto, en una fecha simbólica que coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá.
En ciudades como Ibagué, ya se realizaron caravanas y concentraciones preliminares para mostrar solidaridad con el expresidente, movilizaciones que fueron interpretadas como una antesala nacional del respaldo popular.
Reivindicar a Uribe y defender su inocencia
Con la marcha el uribismo busca reivindicar la figura de Uribe y defender su inocencia como vehículo de la posición oficial del partido.
Igualmente, fortalecer la narrativa de victimización o “lawfare”, es decir, la judicialización de la política, denunciada por líderes uribistas ante observadores nacionales e internacionales.
También, cohesionar la base electoral uribista ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2026, un escenario en el que el liderazgo del exmandatario ha sido fundamental para el partido.
Primera sentencia penal contra un expresidente
La condena a Uribe representa un antecedente histórico, al ser la primera sentencia penal contra un expresidente de Colombia, luego de un proceso que estuvo en curso por casi 13 años.
El fallo ha polarizado al país. Mientras el uribismo moviliza a sus seguidores y busca respaldo internacional, sectores de izquierda y víctimas de crímenes de Estado celebran la decisión como un acto de justicia.
El presidente Gustavo Petro ha instado a respetar la independencia judicial y ha rechazado cualquier intento de politizar el proceso.
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