El gobierno colombiano ha iniciado formalmente el proceso de extradición contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de inteligencia, quien permanece prófugo en Nicaragua desde mediados de 2024, según fuentes oficiales.
El Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura el 3 de julio de 2025, acusando a González de cohecho y peculado por apropiación en el contexto del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
La Fiscalía ha señalado a González como el cerebro de una operación que habría inflado los contratos para la compra de carrotanques destinados a La Guajira, desviando recursos para sobornar a congresistas y así asegurar apoyo a las reformas del gobierno
Informes del periodista Daniel Coronell y Noticias RCN revelaron que González habría vivido entre temporadas de 2024 y 2025 en la residencia oficial del embajador colombiano en Managua, León Fredy Muñoz, hoy senador del Partido Verde
Según documentos filtrados, la Embajada solicitó la renovación de su residencia el 21 de mayo de 2025, sin autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, que denunció y abrió investigación disciplinaria
Reacción de Petro y el Ministerio de Relaciones Exteriores
El presidente Gustavo Petro anunció públicamente que enviaría la solicitud de extradición al gobierno de Nicaragua, en caso de que se confirme que González reside allí.
Por su parte, la Cancillería colombiana negó haber autorizado las gestiones diplomáticas relacionadas con la residencia del exfuncionario y remitió el caso a su Oficina de Control Disciplinario Interno.
La situación plantea un reto significativo en materia de cooperación internacional. Nicaragua, conocido por otorgar asilo y refugio a figuras polémicas, podría resistirse a la extradición dado que no permite la entrega de sus ciudadanos —si González llegase a naturalizarse, un escenario contemplado en casos similares.
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