Procuraduría abre investigación por complicidad en fuga de Carlos Ramón González a Nicaragua

La Procuraduría General de la Nación anunció hoy el inicio de una investigación disciplinaria para determinar si algunos funcionarios colombianos tuvieron participación en el escape y estancia irregular de Carlos Ramón González en Nicaragua.

El ente de control evaluará los trámites que permitieron al prófugo exfuncionario permanecer allí, así como el uso de instalaciones diplomáticas por parte de este.

González, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), enfrenta imputaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En paralelo, el presidente Gustavo Petro declaró que el Gobierno solicitará formalmente a las autoridades de Nicaragua la entrega del exfuncionario para que enfrente la justicia colombiana.

La Procuraduría analiza en particular la responsabilidad en la gestión del estatus migratorio de González en Nicaragua y el uso de la residencia oficial de la Embajada colombiana.

Investigadores deberán examinar si hubo autorización legal y quiénes habrían facilitado su estancia en el país, en especial en la sede diplomática.

Repercusiones diplomáticas y políticas

Este escándalo ha generado decisiones inmediatas en el ámbito diplomático y político. La Cancillería de Colombia ha negado cualquier solicitud o instrucción oficial para tramitar la residencia del exfuncionario, señalando que documentos como notas verbales enviadas por la Embajada en Managua no fueron consultados ni autorizados por esa cartera.

Por su parte, la excanciller Laura Sarabia también aclaró que no participó ni tenía conocimiento alguno sobre los trámites realizados por la Embajada en Nicaragua a favor de González.

Conexión con el caso UNGRD

González está vinculado a un entramado de corrupción por el desfalco a la UNGRD. Entre las pruebas, se destaca la conexión desde Managua durante su audiencia judicial virtual, lo cual sugiere que evitó comparecer personalmente ante la justicia.

El Tribunal Superior de Bogotá ya había impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenado su captura, en virtud de su condición de «peligro para la comunidad» por su rol como presunto cerebro del mecanismo de compra de apoyo legislativo al gobierno.

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