El Consejo Gremial Nacional y la bancada del Partido Conservador radicaron formalmente en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley de Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones.
La propuesta tiene como objetivo central devolver la competitividad al país ofreciendo garantías normativas de largo plazo a proyectos de gran escala sin comprometer las facultades regulatorias del Estado.
El proyecto responde a un problema estructural en la economía colombiana. Entre los años 2022 y 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país se redujo en un 33 %, al pasar de US$ 17.182 millones a US$ 11.469 millones. La tendencia negativa continuó en el primer semestre de 2026 con una contracción adicional del 12 %.
Asimismo, la inversión total retrocedió del 21,4 % del PIB en 2019 al 16,7 % en 2025. Este rezago representa una brecha de aproximadamente $87 billones anuales en inversión no realizada y un impacto cercano a los $13 billones al año en recaudo fiscal.
Frente a este escenario, los promotores destacan que países vecinos como Perú —con más de 1.000 convenios de estabilidad— o Argentina —con el régimen RIGI— están captando los capitales de largo plazo que Colombia ha dejado de atraer.
Alcance y mecanismos del proyecto
La propuesta legislativa establece condiciones transparentes y de acceso reglado para los inversionistas:
Garantía de 30 años: Al acogerse al régimen, se toma una “foto” de las reglas tributarias, aduaneras y regulatorias determinantes del proyecto, asegurando su estabilidad durante tres décadas. Si las normas cambian, el inversionista tendrá derecho al restablecimiento de condiciones o a la reparación del perjuicio.
Monto y sectores: Aplica a inversiones productivas (nuevas o de ampliación) en cualquier sector de la economíaque superen los 300.000 salarios mínimos (aproximadamente $525.000 millones en 2026). Los proyectos dispondrán de un plazo de 8 años para su ejecución, prorrogables por 4 más.
Trámite ágil: Se creará una ventanilla única en el Ministerio de Comercio, con un tiempo de respuesta de máximo 60 días hábiles y aplicación del silencio administrativo positivo. El trámite será gratuito e incluirá un registro público y rendición de cuentas anual ante el Congreso.
Protección al capital: Incluye salvaguardas contra la expropiación sin indemnización y habilita esquemas de arbitraje internacional acotado. Además, funciona de forma complementaria con el programa RUGE de la Ley de Rescate Fiscal.
Lo que NO contempla la iniciativa
El texto del proyecto delimita de forma precisa sus alcances para evitar distorsiones:
No congela las leyes ni impide que el Estado continúe ejerciendo su labor reguladora. No garantiza rentabilidades financieras a los privados. No altera las normas laborales, ambientales, de salud ni de orden público, las cuales quedan expresamente excluidas del régimen. Y no sustituye licencias ni permisos requeridos por la ley.
Los beneficios se perderán automáticamente en caso de fraude, corrupción o incumplimiento en la ejecución de la inversión.
La voz del sector gremial
La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, enfatizó la urgencia de dotar al país de reglas claras para competir en los mercados internacionales.
“Colombia ha perdido inversión porque no ofrece reglas estables. Este proyecto garantiza que las reglas con las que se decide una gran inversión se respeten durante 30 años. Estabilidad no es inmovilidad: el Estado sigue regulando, pero respeta las reglas con las que se decidió invertir”.
Gutiérrez también hizo un llamado sobre la necesidad de proyectar certezas a largo plazo para asegurar el desarrollo de la infraestructura y los servicios básicos del país:
“Colombia no puede aspirar a inversiones de 30 años ofreciendo certezas de apenas cuatro. La inversión que no llega hoy es el crecimiento, el empleo y el bienestar que nos harán falta mañana”.
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