*Los principales gremios petroleros plantean aprovechar la Ley de Rescate para reactivar la inversión y la competitividad en Colombia.
En el marco del debate legislativo sobre la Ley de Rescate, mediante la cual el Gobierno nacional busca un ajuste fiscal equivalente al 2,2 % del PIB, las principales asociaciones del sector de hidrocarburos presentaron una estrategia integral para dinamizar la economía e impulsar la competitividad del país.
La propuesta central de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) se enfoca en la competitividad tributaria.
Los gremios solicitan eliminar la sobretasa a la renta para la extracción de petróleo, la cual añade hasta 15 puntos porcentuales a la tarifa general del 35 %. Esta sobretasa eleva la tarifa aplicable para 2026 a cerca del 50 %, en contraste con el promedio regional del 21 % en América Latina, lo que afecta seriamente la atracción de capitales.
A la par, la industria plantea crear un régimen de estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria para grandes inversiones. Como referencia directa, los gremios destacan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implementado por Argentina en 2024, el cual garantiza estabilidad por 30 años y una tarifa de renta del 25 %, habiendo aprobado 23 proyectos por un total de US$ 49.766 millones a septiembre de 2026.
Al respecto, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que “es necesario contar con mecanismos que brinden mayor estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria a las grandes inversiones. Experiencias como el RIGI en Argentina han mostrado cómo otros países de la región han logrado atraer billones de dólares en proyectos de largo plazo”.
Agilización socioambiental y protección a proveedores locales
El paquete de medidas contempla también agilizar los trámites socioambientales mediante la fijación de plazos con términos perentorios y una ruta articulada para licenciamientos y consultas previas que reduzca tiempos muertos sin perder rigor ambiental. Sobre este aspecto, Jaime Checa, presidente de la ACGGP, enfatizó: “Lo que proponemos no exige gastar, exige destrabar. Hay recursos descubiertos esperando a ser producidos”.
Asimismo, para proteger la industria y el empleo nacional, los gremios sugieren fijar una regla de compras locales que exija destinar al menos un 20 % de la inversión a proveedores nacionales (al igual que el RIGI) e implementar condiciones de contratación y líneas de financiamiento para las empresas de ingeniería y mipymes del sector.
Carlos Arturo Cárdenas, presidente nacional de ACIEM, afirmó que “la Ley de Rescate no debe limitarse a resolver necesidades fiscales de corto plazo. Si se apoya en la Ingeniería nacional, puede convertirse en una agenda de empleo calificado, productividad y desarrollo para las regiones”.
¿Qué se busca con estas medidas?
Con la implementación de estas propuestas, el sector hidrocarburos busca revertir la caída en la producción —la cual ha descendido un 27 % en petróleo y un 32 % en gas en comparación con 2015—, retomar la actividad exploratoria tras más de cuatro años sin firmar nuevos contratos y garantizar la seguridad energética nacional. Además, la estrategia pretende incrementar el recaudo tributario y la generación de regalías, aportando al saneamiento de las finanzas públicas.
Como resumió Nelson Castañeda, presidente de Campetrol: “Con reglas estables y condiciones favorables para la inversión, Colombia podrá aumentar la producción de sus campos, desarrollar sus recursos de gas, avanzar en proyectos de yacimientos no convencionales y retomar la exploración, de la mano de las empresas de bienes y servicios que generan encadenamientos productivos y empleo en los territorios”.

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