La controversia política por las presuntas presiones a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que hicieran señalamientos contra dirigentes de oposición tomó un nuevo rumbo tras las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien respaldó la versión de Angie Rodríguez sobre una reunión realizada en Valledupar en octubre de 2025.
Según Mancuso, durante ese encuentro, delegados del gobierno de Gustavo Petro habrían solicitado a los excomandantes paramilitares formular acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras, con el propósito de afectar políticamente a estas figuras. La denuncia coincide parcialmente con la versión expuesta por Rodríguez, exfuncionaria del Gobierno.
Las afirmaciones provocaron una respuesta del expresidente Petro, quien rechazó cualquier responsabilidad en una supuesta operación para presionar testimonios contra sus adversarios políticos y reclamó que los hechos sean investigados a partir de pruebas verificables.
“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, manifestó el exmandatario.
¿Qué denunció Salvatore Mancuso?
El antiguo comandante de las AUC respaldó los señalamientos de Angie Rodríguez sobre lo ocurrido durante las reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar. De acuerdo con la versión divulgada, los delegados del Gobierno habrían solicitado a los asistentes que se pronunciaran públicamente contra tres dirigentes políticos.
La controversia se centra en establecer si el encuentro, que se enmarcaba en los acercamientos con antiguos comandantes de las autodefensas, fue utilizado para promover declaraciones con fines políticos.
Los nombres mencionados son los de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia; Abelardo De la Espriella, actual presidente en el escenario político descrito en las denuncias, y Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República.
Sin embargo, los señalamientos de Mancuso y Rodríguez constituyen versiones que deben ser verificadas por las autoridades. Su divulgación no demuestra, por sí sola, que haya existido una orden directa de Petro ni establece responsabilidades penales.
La información también ha puesto bajo escrutinio la participación de funcionarios y delegados en las reuniones, así como el propósito con el que se habrían realizado los encuentros.
Petro pide divulgar las actas y las grabaciones
En su respuesta, Petro defendió la transparencia del mecanismo de diálogo con antiguos comandantes de las autodefensas y sostuvo que su funcionamiento estaba establecido en la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
Según explicó, ese acto administrativo buscaba avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz iniciado más de dos décadas atrás.
El exmandatario también señaló que la resolución contemplaba la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como invitados permanentes, con el propósito de acompañar y vigilar el desarrollo de las actividades.
Por eso, pidió aclarar si estas entidades fueron convocadas, si sus representantes asistieron y qué información quedó registrada en las actas de las reuniones.
“Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron”, reclamó.
Petro insistió en que la controversia debe esclarecerse con documentos y testimonios, y no únicamente a partir de declaraciones públicas. También cuestionó que se le atribuya una instrucción sin pruebas que acrediten que la impartió.
“Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores”, afirmó el expresidente en su pronunciamiento.
“Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios, que responda”
El expresidente también advirtió que, si se demuestra que alguien utilizó la mesa con antiguos comandantes paramilitares para presionar testimonios o fabricar acusaciones, deberá responder ante la justicia.
“Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona”, sostuvo, al recordar que las víctimas del conflicto armado tienen derecho a conocer quiénes ordenaron las masacres, quiénes financiaron a los grupos paramilitares y quiénes se beneficiaron de sus crímenes.
Petro defendió el esclarecimiento de la verdad como una obligación con las víctimas y rechazó que este proceso sea utilizado con fines partidistas.
“Si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones”, agregó.
El exmandatario concluyó su respuesta con un llamado a investigar lo ocurrido, escuchar a todos los involucrados y evitar que se oculten pruebas. También aseguró que no renunciará a su compromiso con el esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia política en Colombia.
La reunión de Valledupar, en el centro de la controversia
Las declaraciones de Mancuso y Rodríguez ponen el foco sobre los encuentros de octubre de 2025 y sobre el papel que habrían desempeñado los funcionarios que participaron en ellos.
El principal interrogante es si durante esas reuniones se solicitó a los antiguos comandantes de las AUC realizar declaraciones públicas contra los dirigentes mencionados y, de ser así, quién formuló la petición y con qué propósito.
También será necesario establecer si existen registros documentales, comunicaciones o testimonios que permitan corroborar las versiones conocidas.
La respuesta de Petro plantea, a su vez, la necesidad de determinar si las instituciones que debían acompañar el mecanismo de diálogo fueron convocadas y qué información dejaron consignada sobre su funcionamiento.
Por ahora, las versiones de Mancuso y Rodríguez y la negativa del expresidente constituyen posiciones enfrentadas que requieren verificación independiente. La publicación de las actas y demás registros, junto con las diligencias de las autoridades competentes, podría contribuir a esclarecer lo sucedido.
El caso abre un nuevo capítulo de confrontación política alrededor de los mecanismos de búsqueda de la verdad y las relaciones entre el Gobierno anterior y antiguos comandantes paramilitares. La determinación de responsabilidades dependerá de las pruebas que puedan establecerse en las investigaciones correspondientes.
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