La pequeña central hidroeléctrica Amaime (19,9 MW), ubicada en el municipio de Palmira y operada por la empresa Celsia, sufrió un atentado perpetrado este 11 de noviembre por dos terroristas armados que ingresaron a las instalaciones para colocar un artefacto explosivo.
El ataque provocó daños materiales en la infraestructura de la planta de generación, aunque afortunadamente no dejó personas heridas ni fallecidas. De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad y emergencia en coordinación con las autoridades competentes para evaluar las afectaciones y buscar la recuperación operacional de la central lo más pronto posible.
En la zona de la emergencia, el Ejército Nacional aseguró el área afectada mientras el cuerpo de bomberos procedió a atender la situación.
Rechazo de Celsia y respaldo gremial de Andesco
Ante lo sucedido, Celsia rechazó con vehemencia este y cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de sus colaboradores y de la ciudadanía, subrayando la gravedad de atentar contra una infraestructura estratégica para el respaldo eléctrico del país.
“Rechazamos con vehemencia este y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores y de los colombianos, y que atente contra una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país”, indicó la compañía en un comunicado.
A esta condena se sumó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la cual manifestó su rechazo contundente al ataque perpetrado contra la central de su empresa afiliada en Palmira.
El gremio, presidido por Camilo Sánchez, advirtió que este suceso se suma a una serie de agresiones registradas a lo largo del año en la región, entre las que se incluyen la quema de vehículos recolectores y atentados explosivos contra la sede de la empresa Urbaser en el departamento del Cauca.
Andesco enfatizó que estas acciones delictivas no solo amenazan la vida de los trabajadores del sector energético y la seguridad comunitaria, sino que también atentan contra la continuidad de servicios esenciales para millones de hogares colombianos y representan un serio perjuicio para el sector empresarial.
En consecuencia, la asociación emitió un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las instituciones de seguridad para que adopten medidas contundentes que garanticen la protección de las empresas, su personal y la infraestructura estratégica nacional, recordando que atentar contra la prestación de los servicios públicos equivale a atentar contra el bienestar general de la población.
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