Acopi Atlántico alerta sobre disminución de empleo formal y auge de contratos por prestación de servicios

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de Colombia, que constituyen entre el 97% y el 98% del tejido empresarial del país y generan aproximadamente el 80% del empleo, están sintiendo los primeros impactos negativos de la discutida reforma laboral, según afirmó Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi Atlántico.

Quintero advierte sobre una preocupante disminución del empleo formal y un notable incremento en los contratos por prestación de servicios, una tendencia que se gestó incluso antes de la aprobación definitiva de la reforma.

En el marco del Quinto Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo para MiPymes en Barranquilla, la líder gremial explicó que la incertidumbre generada por las diversas versiones de la reforma laboral (versión uno, versión dos, versión tres) ya había comenzado a impactar la estructura de costos de las empresas. “Cuando tú impactas estructura de costos y los ingresos no se incrementan en la misma medida, se pierde empleo,” subrayó Quintero. Esta situación, añade, se refleja en la pérdida de dos empleos nuevos por cada tres empleos reales en promedio dentro de las empresas.

Aunque el indicador de desempleo se mantenga en un solo dígito, la directora de Acopi Atlántico enfatizó que esto se debe a la creación de otra clase de empleo, específicamente los contratos por prestación de servicios (OPS), similares a los que genera el propio gobierno, y los contratos de aprendizaje. Las cifras presentadas por la dirigente gremial son claras: en los dos trimestres transcurridos del año, los contratos a término indefinido y a término fijo están disminuyendo, mientras que los contratos de prestación de servicios profesionales y los de aprendizaje están experimentando un crecimiento significativo.

Detallando los porcentajes, Rosmery Quintero indicó que los contratos a término indefinido rondan el 34%, pero los contratos de prestación de servicios se están acercando ya al 20%, recuperando una fuerza que habían cedido años atrás. Esta situación es alarmante para el sector, ya que Acopi representa a las empresas que generan empleo formal, a pesar de que la realidad laboral colombiana muestra que más del 50% de las 23 millones de personas ocupadas tienen un empleo precario, incluso por debajo del salario mínimo y sin todas las condiciones dignas.

Inversión considerable

Además de la pérdida de empleo, Quintero destacó que la necesidad de ajustarse a la nueva normatividad implica una inversión considerable de tiempo en formación, desarrollo de documentos y sistemas de información. Estos son costos administrativos que las MiPymes deben asumir para evitar sanciones que pueden ser “muy altas”. De hecho, los líderes de muchas MiPymes en Colombia ya están disminuyendo su propio aporte a seguridad social en un 7.5% como reflejo de los indicadores afectados, como las ventas.

Aunque Barranquilla y el Atlántico muestran un mejor comportamiento económico que el resto del país, los datos proporcionados por la directora ejecutiva de Acopi Atlántico reflejan la realidad a nivel nacional, abarcando a empresarios de todas las regiones y tamaños de empresa. La situación pone de manifiesto el desafío que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para mantener y generar empleo formal en un contexto de cambios normativos que impactan directamente su estructura de costos y su capacidad de crecimiento.

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