La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dictó sentencia en el caso del Batallón La Popa de Valledupar que involucra asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales —“falsos positivos”— ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el departamento del Cesar y Sur de La Guajira. Doce exmilitares fueron condenados luego de reconocer su responsabilidad.
Se acreditaron 135 casos de falsos positivos cometidos por miembros del Batallón La Popa, en alianza con grupos paramilitares, donde civiles fueron asesinados o desaparecidos para luego ser presentados como bajas en combate.
Las víctimas incluyen, en particular, personas de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, territorios del Cesar y sur de La Guajira. Aunque fueron imputados quince exmilitares, sólo doce aceptaron los cargos y reconocieron su autoría como máximos responsables.
La JEP impuso unas sanciones diferenciales con carácter restaurativo, sin privación de libertad (es decir, no cárcel) pero con restricción de movilidad, trabajos y obras comunitarias.
El tope máximo de sanción para estos comparecientes fue de ocho años. Algunos de los condenados recibirán menores sanciones según su grado de participación, reconocimiento de verdad y otros factores.
Ejemplos de sanciones específicas
Por ejemplo, a Guillermo Gutiérrez Riveros, Manuel Valentín Padilla Espitia y Eduart Gustavo Álvarez Mejía la JEP les impuso la sanción máxima de ocho años.
Entre tanto, otros condenados recibieron penas entre cinco y siete años, ajustadas a días según cada caso.
Impuso sanción de siete años a Alex José Mercado Sierra; seis años, cinco meses y seis días a Heber Hernán Gómez Naranjo; seis años, un mes y seis días a Efraín Andrade Perea; cinco años y diez meses a Carlos Andrés Lora Cabrales y seis años, 11 meses y 24 días a José de Jesús Rueda Quintero.
Cinco años, siete meses y 12 días a Elkin Leonardo Burgos Suárez; 6 años, 1 mes y 12 días meses a Elkin Rojas; siete años, siete meses y veintidós 22 días a Yeris Andrés Gómez Coronel; 6 años, 7 meses y 6 días a Juan Carlos Soto Sepúlveda.
La sentencia no se limita a la sanción, sino que incluye una batería de medidas con fines restaurativos:
Proyectos comunitarios
Entre los proyectos comunitarios relacionados con memoria, dignificación y reparación, se encuentra la construcción de mausoleos con osarios, como, por ejemplo, uno de 700 osarios en el Cementerio del Ecce Homo en Valledupar.
Centros culturales y de memoria para los pueblos afectados (Wiwa, Kankuamo), así como espacios para actividades simbólicas, artísticas y pedagógicas.
Igualmente, infraestructura comunitaria, mejora de vías de acceso, servicios como agua y energía y otras obras de utilidad pública.
Los condenados deberán residir en Valledupar, con horarios y residencias vigiladas por la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, así como monitoreo a través de dispositivos electrónicos y acompañamiento territorial.
Crímenes tipificados
La magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, responsabilizó a los exmilitares de delitos que incluyen: Asesinato y desaparición forzada de personas.
Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, dado que los actos se cometieron en el contexto del conflicto armado y afectando población civil de manera sistemática y como política criminal.
Violaciones específicas como tortura, persecución, persecución étnica y restricciones culturales y de movilidad a comunidades indígenas.
Implicaciones institucionales y desafíos
La sentencia incluye órdenes dirigidas a varias entidades del Estado, tales como los Ministerios de Defensa, Justicia y Hacienda, y la Agencia de Reincorporación, entre otras, para que colaboren en la implementación de las sanciones restaurativas y las medidas de reparación.
Se subraya la necesidad de que el Gobierno Nacional expida un decreto que garantice condiciones de seguridad, alimentación, habitabilidad para los comparecientes bajo medidas de restricción, así como asegurar los recursos financieros necesarios para cumplir lo dispuesto.
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