La Universidad del Atlántico vive un momento decisivo para su gobernanza institucional y la estabilidad de su vida académica, mientras una comisión del Ministerio de Educación Nacional adelanta una exhaustiva inspección y vigilancia para recabar pruebas sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección del rector Leyton Barrios.
El viceministro de Educación, Ricardo Moreno, explicó que la presencia del Gobierno es una respuesta directa a los llamados de la Asamblea Universitaria y la necesidad de escuchar a la comunidad estudiantil, que se encuentra dividida frente al paro académico y la legitimidad del nombramiento rectoral.
La inspección, que comenzó la semana pasada y continúa en el campus, tiene como propósito fundamental recaudar documentación que las autoridades universitarias, particularmente el Comité de Credenciales y el Consejo Superior, no han entregado o han remitido de manera parcial.
Haroll Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia del MEN, denunció que la institución ha incurrido en un desacato a los requerimientos oficiales. “Algunos requerimientos no han sido acatados, otros han sido respondidos de forma parcial y otros de manera excepcional. Por eso la necesidad de venir a recaudar la información de manera directa”, afirmó Hernández.
El punto central de la investigación ministerial no es determinar quién debe ser el rector, sino verificar el cumplimiento de las funciones estatutarias y legales de los órganos encargados del proceso.
Esto incluye evaluar si el Comité de Credenciales y el Consejo Superior cumplieron sus obligaciones, entre ellas la verificación de los requisitos de los aspirantes.
Explicó el funcionario que el Comité de Credenciales, según los estatutos, no solo debe constatar la entrega de documentos, sino verificar de fondo que los requisitos consignados correspondan a lo exigido para el cargo. La negativa o la entrega incompleta de esta información ha provocado la apertura de una investigación sancionatoria.
Riesgo de escalada y sanciones graves
El subdirector Hernández advirtió que el desacato a los requerimientos genera por sí mismo una conducta sancionatoria. Subrayó que si la situación de incumplimiento reiterado persiste, podrían abrirse nuevas investigaciones, dado que la ley obliga a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a responder a la autoridad competente.
Juan Carlos Bolívar, director de Calidad del Ministerio, aseguró que el proceso se sustenta en información suficiente y corroborada. Advirtió la gravedad de los hallazgos: “Si encontramos evidencia de irregularidades graves o de presunta falsedad, remitiremos los hallazgos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”.
La comisión ministerial permanecerá en Uniatlántico varios días para continuar la recolección de documentos y podría llamar a declarar a integrantes clave, incluyendo miembros del Consejo Superior, el Comité de Credenciales y la administración.
Crisis académica se profundiza
En paralelo a la inspección, la crisis en la Universidad del Atlántico continúa marcada por el paro académico. En los pasillos del campus, se mantiene un intenso debate entre los estudiantes que exigen levantar el cese de actividades y aquellos que insisten en que la actividad académica no debe reanudarse hasta que se garantice un proceso de elección rectoral transparente.
El Ministerio de Educación insiste en que la autonomía universitaria no puede utilizarse como argumento para desconocer la ley.
No obstante, la evidencia de incumplimiento reiterado y las posibles remisiones a entes de control externos (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría) elevan la probabilidad de que la entidad enfrente una inminente y profunda reestructuración o medidas administrativas severas derivadas del proceso sancionatorio ya iniciado.
Incluso, hay quienes sostienen que en la medida en que la crisis académica de la institución de educación superior se acentúe, desde ya se abriría paso una disposición más severa como la intervención de la universidad durante el tiempo que sea necesario para restablecer la normalidad.
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