La Universidad del Atlántico se encuentra en el centro de un nuevo pulso institucional tras la presentación de una denuncia penal formal por parte de su Oficina Jurídica. La acción fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y apunta contra varias personas que se identificaron como miembros del Comité Electoral de la institución.
Según la denuncia, estos individuos habrían incurrido en la posible comisión de los delitos de prevaricato por acción y usurpación de funciones públicas, derivados de la reciente suscripción de una resolución administrativa.
La Oficina Jurídica fundamenta la denuncia en dos pilares principales relacionados con la legalidad y la competencia administrativa de los firmantes. El principal argumento es que, al momento de expedición del controvertido documento, el Comité Electoral había perdido su competencia funcional y temporal. El proceso electoral en cuestión ya había culminado con la elección del rector Leyton Barrios Torres, formalizada mediante el Acuerdo Superior No. 000032 del 27 de octubre de 2025. La Universidad subraya que este acto administrativo de designación goza de la presunción de legalidad.
En consecuencia, la Oficina Jurídica sostiene que ningún órgano interno de carácter administrativo, incluyendo un comité electoral universitario, puede revocar o dejar sin efecto una elección válida a través de una resolución posterior, una vez que el proceso ha concluido y el acto de designación se ha perfeccionado.
El segundo argumento es el desconocimiento de la jurisdicción competente. La Institución recalca que la potestad para declarar la nulidad de un acto de elección recae exclusivamente en la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA).
Irregularidad en los firmantes:
Adicionalmente, la denuncia advierte sobre una irregularidad específica en la conformación de quienes suscribieron la resolución: se señala que una de las personas firmantes no ostentaba el cargo de Vicerrector de Docencia en el momento de la rúbrica. Por esta razón, su intervención en el documento carece de sustento jurídico y representa una vulneración de los principios de legalidad y competencia administrativa.
La Universidad considera que este hecho reviste especial gravedad institucional, dado que desconoce los límites jurídicos que rigen la actuación del comité electoral. Además, la acción afecta directamente el principio de seguridad jurídica que debe permear todos los procesos democráticos internos de la Universidad del Atlántico.
La Institución, al cierre de su comunicado, reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a la legalidad y la defensa de la institucionalidad universitaria, pilares que considera esenciales para garantizar la estabilidad y legitimidad de sus procesos internos.
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