La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas sobre el futuro del proyecto ‘Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique’, al requerir de forma perentoria a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) un informe pormenorizado sobre las vigencias futuras pactadas para el año 2025. Esta solicitud se produce en medio de una coyuntura que amenaza con la parálisis total de las obras a cargo de Ecosistemas del Dique S.A.S., filial de Sacyr.
El ente de control, a través de la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura, envió una misiva al presidente de la ANI, Óscar Torres, el pasado 10 de noviembre de 2025, otorgando un plazo de cuatro días hábiles para responder. La CGR busca la documentación que sustente las vigencias en “pesos constantes y corrientes, incluyendo, si aplica, el valor anual de la porción en dólares”.
La urgencia del requerimiento de la Contraloría se desprende de la advertencia generada por el aplazamiento de recursos del Gobierno nacional. Este aplazamiento es consecuencia directa de la expedición del Decreto 69 de 2025, que regula la postergación de apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación.
Dicha medida impacta gravemente la capacidad de la ANI para respaldar los compromisos adquiridos, ya que el aplazamiento de recursos destinado a la agencia supera los $1.2 billones de pesos.
La deuda que el Gobierno nacional sostiene con la concesionaria Ecosistemas del Dique S.A.S. se ve directamente afectada. La Contraloría exige a la ANI un informe detallado sobre el pago “adecuado y oportuno” de las vigencias futuras de 2025. En el escenario de incumplimiento del desembolso, la ANI debe informar las razones y las gestiones realizadas ante las instancias pertinentes para cumplir su obligación contractual.
De vital importancia es la preocupación por los costos adicionales: la CGR solicitó informar si se han generado intereses moratorios y/o remuneratorios, indicando el monto de cada uno. Actualmente, el monto adeudado, correspondiente al pago de la fase de preconstrucción de junio de 2025, asciende a más de $492 mil millones de pesos sin intereses, cifra que sube a $508 mil millones de pesos si se incluyen los intereses moratorios.
Si la ANI no cumple con esta obligación, Ecosistemas del Dique solo podría operar hasta el 30 de noviembre.
Un clamor por la continuidad
La eventual parálisis del megaproyecto ‘Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique’ ha generado diversas y fuertes reacciones en la región Caribe.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue enfático al señalar que un megaproyecto de importancia estratégica para la Región, que ya se encuentra en ejecución, “no puede frenarse a capricho”. El alcalde urgió a la ANI y a Mintransporte a que expliquen los motivos del aplazamiento de los giros, advirtiendo que la suspensión, dada su naturaleza y el estado de avance, aumentaría los costos considerablemente.
Turbay propuso dos vías de acción: 1) el diseño de un nuevo esquema financiero para blindar el proyecto, y 2) la priorización de recursos para finalizar la fase en curso. “Ni aplazar ni paralizar trabajos de obra son una opción. Nuestra Región merece respeto”, sentenció.
Por su parte, el Consejo Gremial de Bolívar afirmó que el aplazamiento de 2025 pone en riesgo el proyecto de restauración ambiental y seguridad hídrica más importante del Caribe colombiano. La paralización afectaría a 19 municipios, la Bahía de Cartagena, y miles de familias que dependen del equilibrio ecosistémico del canal.
Para el gremio, detener la obra significa frenar la recuperación ambiental, la prevención de inundaciones y la competitividad portuaria y turística regional. El llamado al Gobierno Nacional fue claro: “¡Reactiven los recursos YA! El Caribe necesita acción, no aplazamientos”.
Incertidumbre en las comunidades
La falta de desembolso ha generado profunda preocupación en las comunidades del sur del Atlántico, donde se teme una suspensión temporal de las obras por al menos 20 días mientras se resuelve el flujo de recursos.
Líderes sociales y ambientales advierten que la paralización no solo afectaría la navegabilidad del canal y el equilibrio de los cuerpos de agua, sino que reaviva “el fantasma de una liquidación anticipada del contrato”. Uriel Ávila, líder social, advirtió que una liquidación implicaría una millonaria indemnización a favor del contratista y dejaría a más de 1.3 millones de habitantes sin la obra.
Gustavo De la Rosa, vocero comunitario de Santa Lucía, reflejó la frustración al señalar que “las comunidades que votaron por el presidente Gustavo Petro se preguntan por qué hay tantos impedimentos desde el Gobierno nacional para avanzar en los trabajos”.
Coinciden en que el proyecto no puede seguir bajo incertidumbre financiera. La suspensión de los trabajos de dragado retrasaría el cronograma y, peor aún, podría aumentar el riesgo de sedimentación en las bocas del canal, afectando a pescadores y agricultores ribereños que dependen de la estabilidad de los ecosistemas del Magdalena y el Atlántico.
La solicitud de la Contraloría a la ANI busca esclarecer de inmediato la situación fiscal que tiene en jaque esta megaobra, crucial para la mitigación de riesgos y el desarrollo socioambiental del Caribe.
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