A propósito del debate sobre el futuro de la matriz energética y los retrasos en proyectos de generación, especialmente los eólicos, el presidente de EGAL, Iván Martínez Ibarra, ha lanzado una fuerte crítica hacia la forma en que, en muchos casos, se están gestionando los conflictos sociales.
En declaraciones a El Norte, planteó que las causas principales del estancamiento no son financieras ni técnicas, ya que grandes empresas cuentan con los recursos necesarios, sino que radican en las dificultades sociales y ambientales.
Para Martínez Ibarra, aunque la agilización de las consultas previas y la entrega de licencias ambientales permitiría que los proyectos avancen más rápido, el problema de fondo incluye una distorsión en las demandas de las comunidades.
El presidente de EGAL, empresa que desarrolla proyectos de energías renovables no convencionales, confirmó que existen organizaciones sociales que frenan el desarrollo de las obras con el fin de exigir beneficios económicos personales para sus líderes, más que un beneficio comunitario real.
El error de las empresas y la analogía del secuestro
Una de las declaraciones más contundentes de Martínez Ibarra apunta a la responsabilidad de las propias empresas energéticas en esta situación. El directivo sostiene que, para evitar procesos legales largos y complejos, muchas compañías han optado por “llevar la maleta llena de dinero” y repartirlo entre quienes bloquean los proyectos.
“Es algo muy parecido a lo que ocurría en el secuestro”, explicó Martínez Ibarra. “Si secuestran y pagan por el secuestro, pues muchas personas más van a querer secuestrar porque es un negocio rentable”, expresó.
Sostiene que esta práctica ha generado que personas que inicialmente no tenían intención de frenar los proyectos vean en el cierre de carreteras o en la creación de problemas una fuente de ingresos ilegítima al observar los beneficios económicos recibidos por otros.
Los proyectos no son “Papá Noel”
El presidente de EGAL enfatizó la necesidad de cumplir la ley y establecer límites claros en las negociaciones sociales. Dijo que las empresas deben explicar a las poblaciones locales que los proyectos energéticos no vienen a reemplazar al Estado.
A su juicio en ocasiones, es el propio Estado el que presiona a los privados para que asuman responsabilidades públicas, como la construcción de carreteras o colegios, durante los procesos de consulta.
Como solución para contrarrestar esta práctica insana, propone fomentar una relación basada en el beneficio mutuo y la sostenibilidad del negocio, permitiendo que la comunidad se integre de forma directa o indirecta al proyecto.
Igualmente, establecer límites financieros, por cuanto las exigencias desmedidas pueden hacer que un proyecto sea inviable financieramente, lo que perjudica tanto a los inversores como al país.
Y en ese orden de ideas, evitar el pago de dineros extraoficiales para agilizar procesos, rompiendo así el ciclo de lucro personal de ciertos líderes.
Finalmente, Martínez Ibarra concluyó que, si bien una buena relación con la comunidad es un “buen negocio” porque garantiza que el proyecto no tenga problemas futuros en su etapa de entrega de energía, esta debe construirse sobre la base de la transparencia y no de la extorsión.
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