El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el año 2026.
Con esta determinación, el ajuste que sitúa la remuneración básica en 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte) sigue vigente mientras se resuelve el fondo de una acción de tutela.
La ofensiva jurídica fue liderada por el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, quien actúa en representación del comerciante Alexander Donado Rondón.
La acción legal fue interpuesta contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y Hacienda, bajo el argumento de una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
Según el demandante, el Ejecutivo habría excedido sus competencias al decretar un aumento promedio del 23,7 % sin observar estrictamente los criterios legales ni contar con un soporte técnico claro para sustentar dicho monto.
Los argumentos del despacho judicial
El juez fundamentó su negativa en que no se logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar de tal magnitud.
En el análisis del despacho, se señaló que ni en la tutela ni en sus anexos se acreditaron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran suspender los efectos del decreto expedido el 29 de diciembre.
Además, el juez consideró que el plazo de diez días hábiles que tiene para proferir una decisión de fondo no hace más gravosa la situación del demandante. Por lo tanto, el despacho sostuvo lo siguiente:
El juez consideró que no se advierte la urgencia y necesidad de decretar la medida provisional solicitada, y la decisión de amparar o no las pretensiones principales se tomará en la sentencia de primera instancia que ponga fin a la acción constitucional.
Impacto socioeconómico en disputa
La tutela presentada por Linares advierte que el incremento, que fijó el salario mínimo en 249.095, tendría efectos negativos inmediatos. El documento enfatiza que un ajuste de esta proporción impactaría severamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, así como a los comerciantes, personas naturales, el empleo formal y los trabajadores informales, al no haber evaluado adecuadamente el impacto en estos sectores.
Pese a estas advertencias sobre la falta de criterios técnicos en el decreto, el proceso judicial continuará su curso normal. Mientras el despacho judicial avanza en el estudio de la tutela firmada por el expresidente de la Corte Constitucional, el decreto del salario mínimo para 2026 permanece plenamente ejecutable.
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