En un hecho sin precedentes durante la administración del presidente Gustavo Petro, un bloque de 17 gobernadores del país anunció que no acatará uno de los decretos emitidos bajo la emergencia económica.
Los mandatarios regionales, tras una reunión de varias horas en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, FND, en Bogotá, manifestaron su rechazo a las medidas que tocan el impuesto al consumo sobre licores y tabacos, alegando que estas afectan gravemente las finanzas de sus regiones.
Los departamentos que se han unido a esta decisión son: Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquia.
El principal temor de los gobernantes es que la elevación de estos impuestos disminuya el consumo y, por ende, el recaudo de ingresos destinados a sectores críticos. Según la FND, esto genera un riesgo real para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad para garantizar servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte.
Estas son las acciones que implementarán
Como estrategia jurídica, los gobernadores han determinado las siguientes acciones: Inaplicación del decreto: Los mandatarios decidieron que no aplicarán la norma en sus territorios hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo.
Acciones legales: Presentarán acciones de tutela de forma individual y solicitarán ser escuchados por la Corte Constitucional.
Excepción de inconstitucionalidad: Utilizarán esta figura jurídica al considerar que el decreto viola principios establecidos en la Constitución Política y representa una “amenaza a la autonomía fiscal de las regiones”.
La consideran abusiva carga tributaria
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, explicó que la decisión de no aplicar el decreto se hará de manera conjunta en lo que respecta al Ipoconsumo. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la medida del Gobierno Nacional como una abusiva carga tributaria que desborda los cauces constitucionales.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseguró que se desprenderán acciones judiciales contra los mandatarios que se nieguen a cumplir con las instrucciones de los decretos.
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