Crisis financiera en Nueva EPS: Embargos por más de $2.1 billones amenazan la atención de afiliados

Nueva EPS ha denunciado una serie de embargos judiciales que ya superan los $2.1 billones de pesos ($2.125.890.449.360), una cifra que compromete de manera directa su capacidad operativa y pone en riesgo la prestación de servicios para sus más de 11 millones 700 mil afiliados.

Esta situación se ha agravado tras decisiones de cuatro juzgados del país que incrementaron las medidas cautelares, las cuales ya se habían duplicado en noviembre de 2025. Según la entidad, estos bloqueos financieros tienen un impacto devastador, ya que la suma retenida equivale aproximadamente a la totalidad de la operación de un mes completo de la EPS.

Un aspecto crítico de esta denuncia es que el 80% de estos embargos son impulsados por las principales instituciones privadas prestadoras de servicios de salud del país. Actualmente, las medidas se concentran en cerca de 95 IPS que iniciaron procesos de demanda durante el periodo de intervención de la organización.

Los despachos judiciales señalados por concentrar el mayor número de medidas son el Juzgado Primero y Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

A pesar de que Nueva EPS ha intentado acercamientos con estos jueces, las cuentas bancarias y los recursos de tesorería permanecen bloqueados, limitando el flujo hacia una red de 5.000 prestadores a nivel nacional que dependen financieramente de la entidad.

Recursos inembargables bajo asedio

La organización ha enfatizado que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por su naturaleza parafiscal y esencial para el derecho fundamental a la salud, son constitucional y legalmente inembargables. Esta protección está amparada por el artículo 48 de la Constitución Política y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, normatividad que, según la EPS, está siendo omitida por los juzgados mencionados.

Ante la inminente parálisis administrativa y operativa, Nueva EPS ha solicitado la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES y otros organismos de control. El objetivo de este llamado es que se tomen medidas inmediatas para frenar las decisiones judiciales que afectan las “cuentas maestras” y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Mientras se agotan las vías jurídicas, la entidad advierte que, de mantenerse estos bloqueos, no solo se verá afectada su operatividad interna, sino también la garantía de la prestación del servicio de salud para una parte significativa de la población colombiana. Por ahora, la EPS solo cuenta con el giro directo semanal para postular pagos a su red prestadora, enfrentando una limitación absoluta en el uso de sus recursos de tesorería.