En un comunicado conjunto, los principales gremios industriales de Colombia y Ecuador manifestaron su preocupación ante la inminente imposición de barreras arancelarias mutuas.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi y la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador CIP alertan que estas medidas no solo afectarán al sector productivo, sino que tendrán un impacto directo en los consumidores de ambas naciones.
El conflicto escaló tras el anuncio del Gobierno del Ecuador de aplicar, a partir del 1 de febrero de 2026, una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. Como respuesta, el Gobierno de Colombia señaló la adopción de medidas recíprocas que afectarían las importaciones originarias de Ecuador, generando un clima de incertidumbre en el comercio binacional.
Los gremios afirman que esta situación pone en riesgo años de esfuerzos por parte de los sectores productivos para establecer mecanismos confiables de producción, distribución y comercialización destinados a garantizar el abastecimiento de bienes básicos e insumos.
La interdependencia de ambas economías es crítica para la estabilidad regional. Los puntos clave de esta relación incluyen intercambio bilateral, el cual asciende a cerca de USD 2.800 millones, siendo los sectores estratégicos la industria de energía, medicamentos, agroindustria, forestal, químicos y plásticos dependen de una cadena de suministro fluida.
Los gremios indican también que estas decisiones impactan la competitividad y amenazan con fracturar uno de los procesos de integración más antiguos del mundo.
El peso de los gremios y el llamado al diálogo
La relevancia de este pronunciamiento radica en el peso económico de las organizaciones involucradas. La Andi agrupa empresas que representan aproximadamente el 55% del PIB de Colombia, mientras que la CIP representa a 62 sectores que aportan cerca del 30% del PIB no petrolero del Ecuador.
Ambas instituciones han hecho un llamado firme a los gobiernos para activar canales diplomáticos de manera inmediata para encontrar una solución negociada, priorizar el diálogo al más alto nivel y abrir negociaciones urgentes en materia de seguridad sin afectar el comercio ni el desarrollo económico regional.
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