El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, Alejandro Castañeda, calificó como una decisión coherente la determinación de la Corte Constitucional de suspender los efectos del Decreto 044, el cual buscaba imponer dos tasas o contribuciones a las empresas generadoras de energía eléctrica.
Según Castañeda, esta medida era previsible tras la suspensión previa del Decreto 1390, considerado el “decreto madre” de la emergencia económica.
Para el dirigente gremial, no era jurídicamente viable que el Decreto 044 permaneciera activo si la norma principal que le daba origen ya se encontraba suspendida por el alto tribunal.
Afortunadamente para el flujo de caja de las empresas, Castañeda confirmó que la Superintendencia de Servicios Públicos aún no había realizado la liquidación ni el cobro de dicho impuesto, cuya primera fecha límite de pago estaba pactada para el pasado 2 de febrero.
El dirigente gremial señaló en su pronunciamiento a través de un video, que por lo tanto, las compañías generadoras de energía del país no alcanzaron a realizar desembolsos bajo esta normativa.
Desde la perspectiva de Andeg, no existe fundamento para la declaratoria de emergencia económica, ya que no se han presentado elementos nuevos o disruptivos en la economía o el sector eléctrico que no puedan ser gestionados con las herramientas ordinarias del Gobierno nacional.
Castañeda enfatizó que problemáticas como el pago de subsidios o la situación de la empresa Air-e son temas de vieja data —algunos con más de 20 años de historia— y no hechos sobrevinientes que justifiquen medidas excepcionales.
Los fundamentos jurídicos
La Corte fundamentó su decisión en un principio de consecuencia legal. El Decreto 0044 de 2026 se sustentaba en el Decreto 1390 de 2025, el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país.
Dado que este último, conocido como el “decreto madre”, ya había sido suspendido provisionalmente por el alto tribunal mediante el Auto 082 del 29 de enero de 2026, las medidas derivadas de él, como el impuesto al sector energía, quedaron automáticamente sin efectos.
Además de este sustento procedimental, la Corte evaluó las preocupaciones del sector privado. La empresa Isagen presentó una solicitud formal de suspensión argumentando que el decreto vulneraba principios constitucionales y legales, al trasladar a las generadoras de energía la carga financiera de empresas intervenidas por el Estado sin que existiera una relación directa y clara con la emergencia invocada.
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