El Centro de Estudios Económicos (Anif) emitió una alerta sobre un borrador de decreto publicado por el Ministerio del Trabajo, el cual pretende modificar las reglas de traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) hacia Colpensiones. Según la entidad, esta medida amenaza la sostenibilidad del sistema pensional y generaría una presión crítica sobre las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir a Colpensiones la totalidad de los ahorros de los afiliados que ejercieron su derecho al traslado en un plazo de tan solo 15 días tras la firma del decreto. Lo anterior ocurriría sin considerar si los trabajadores ya cumplieron o no con los requisitos para pensionarse.
Anif advierte que este movimiento implicaría el traslado inmediato de $25 billones, recursos que dejarían de fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc). Este fondo es la pieza clave para garantizar las pensiones futuras de los trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Al utilizar estos ahorros para cubrir obligaciones corrientes de Colpensiones, el Fapc se agotaría mucho más rápido de lo previsto, obligando al Estado a cubrir el faltante futuro mediante mayores impuestos o recortes en otros sectores del Presupuesto General de la Nación.
Impacto en la deuda pública y tasas de interés
El informe de Anif destaca un segundo efecto negativo de gran magnitud: el encarecimiento del endeudamiento estatal. Se estima que aproximadamente $17,5 billones de los recursos a trasladar están invertidos en títulos de deuda pública (TES).
Una venta masiva de estos títulos en un periodo tan corto obligaría a las AFP a inundar el mercado, lo que desplomaría los precios de la deuda y dispararía las tasas de interés. Para el Gobierno, esto se traduce en un costo mucho más elevado para financiarse, justo cuando el servicio de la deuda ya representa una carga pesada para las arcas públicas.
Contradicción jurídica y “alivio” engañoso
Desde el punto de vista legal, Anif sostiene que el borrador contradice el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Dicha ley establece que los ahorros deben permanecer en las AFP hasta que el afiliado cumpla efectivamente los requisitos de edad y semanas para jubilarse. Al ser una disposición con fuerza de Ley, no podría ser modificada por un decreto administrativo.
Finalmente, el centro de estudios advierte que, aunque la medida le otorga al Gobierno una “liberación de caja” inmediata al reducir los giros presupuestales actuales hacia Colpensiones, esto es solo un espejismo financiero. El alivio de corto plazo se traduce en presiones fiscales adicionales en el futuro, comprometiendo la responsabilidad fiscal del país y la seguridad de las mesadas de las próximas generaciones.

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